ANDORRA LA VELLA.- Andorra consolida la recuperación económica que inició lentamente a
principios del año 2014, incrementando a un ritmo del 3% anual los
puestos de trabajo.
La tasa del 1,5% referente al cuarto trimestre de 2018, y que se hizo
pública esta semana, sitúa el paro en Andorra muy por debajo de sus
vecinos europeos: España cerró el año pasado con una tasa de paro del
14,5% y Francia del 9,1%, y la media de la Unión Europea es del 7%.
Así,
el Principado es de nuevo un país con un paro prácticamente
inexistente, después de que la pasada crisis económica hiciera aflorar
por primera vez esta realidad.
En efecto, entre abril de 2007 y diciembre de 2013, la
economía andorrana acumuló casi siete años consecutivos de destrucción
de puestos de trabajo, perdiendo asalariados, especialmente, en el
sector de la construcción y las obras públicas.
La lenta recuperación se
inició en enero de 2014, y en los dos últimos años, una vez superada la
incertidumbre generada por la crisis de Banca Privada de Andorra, la
economía del Principado ha incrementado el número de puestos de trabajo a
un ritmo del 3% anual.
En paralelo a la recuperación de los sectores tradicionales del
comercio minorista, los servicios turísticos, la banca y la
construcción, los servicios empresariales han crecido con fuerza, en los
últimos años, y se han consolidado como el tercer sector con más
asalariados del país pirenaico, solo superado por el retail y el
hotelería.
Este nuevo sector económico ha crecido con la apertura de la
economía a la inversión extranjera, implementada a partir de finales de
2012, y la firma de convenios para evitar la doble imposición que, hasta
hace pocos años, castigaba y hacía prácticamente inviable la
exportación de servicios desde Andorra.
La economía andorrana creció el año pasado por sexto año
consecutivo, tras la crisis económica y financiera, y lo hizo con un
incremento del PIB nominal del 2,5%, a un ritmo ligeramente inferior al
de los años 2016 y 2017, cuando había crecido en 2,6% y un 2,7%,
respectivamente.
El Gobierno de Andorra presentó la semana pasada la liquidación del
presupuesto de 2018, en el que logró un superávit de gestión por sexto
año consecutivo, y un ligero déficit de caja equivalente al 0,08% del
PIB.
Desde 2013, el ejecutivo andorrano ha mantenido los números rojos a
raya, haciendo un esfuerzo para equilibrar las cuentas: en los años
2013, 2016 y 2017 cerró el presupuesto con superávit, y en 2014, 2015 y
2018 con déficits que oscilan entre el 0,08% y el 0,5% del PIB.
Los siete Comuns (ayuntamientos) que forman Andorra han seguido la
misma línea de equilibrio presupuestario, y la deuda pública global del
país ha pasado de los 1.032 millones de euros, en 2012, a los 992
millones, en 2018.
Siete años atrás, la deuda pública global (Gobierno
central y Comuns) representaba el 41,9% del PIB; en diciembre del año
pasado, este porcentaje ya había bajado más de seis puntos, situándose
en el 35,8% del PIB.
Estas cifras de endeudamiento contrastan también
con las de los dos grandes vecinos del Principado: en España, la deuda
representa un 97,2% del PIB, y en Francia, un 99%.
Los años de la crisis y la recuperación económica han sido años de
reformas que han cambiado algunos de los pilares sobre los que se había
fundamentado el crecimiento de la economía andorrana a lo largo de las
décadas.
En una década, el Principado ha pasado de ser una economía sin
impuestos directos, con secreto bancario y prácticamente cerrada a la
inversión extranjera, a desplegar un nuevo modelo impositivo con una
tributación directa de un tipo máximo del 10%, plenamente cooperante en
materia fiscal y en la que la inversión extranjera ya representa un 5,6%
del PIB.
La entrada de la economía andorrana en el nuevo paradigma de la
apertura, la diversificación y la transparencia debe consolidarse en los
próximos años con la firma de un acuerdo de asociación con la Unión
Europea, que permita al Principado formar parte del mercado interior sin
necesidad de ser miembro de la Unión y preservando determinadas
especificidades propias de un país de reducida dimensión territorial.
El
Gobierno y la totalidad del arco parlamentario de Andorra aspiran a
poder concluir un acuerdo que otorgue al país un estatus similar al de
Liechtenstein, que desde 1995 participa en el mercado interior en el
marco del Espacio Económico Europeo.
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