LUXEMBURGO.- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha avalado este martes
el mecanismo de solución de diferencias entre inversores y Estados
(ICS) creado para el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y
Canadá (CETA, por sus siglas en inglés) y que Bélgica había llevado a la
corte europea por dudar que fuera compatible con los derechos
fundamentales de la UE.
Se trata de un instrumento que prevé
la creación de un tribunal y de un tribunal de apelación y, a más largo
plazo, de un tribunal multilateral de inversiones, pero sus críticos
veían en este modelo una forma de resolver los conflictos en una
justicia paralela.
En su dictamen, el TUE concluye que
un acuerdo internacional que crea un órgano jurisdiccional para
interpretar sus disposiciones y cuyas decisiones sean vinculantes para
la UE es en principio compatible con el Derecho europeo, siempre que "no
vulnere la autonomía del ordenamiento jurídico de la Unión".
Sí avisa de que, tratándose de tribunales que no
pertenecen al sistema jurisdiccional de la UE, "no pueden estar
facultados para interpretar o aplicar disposiciones" del derecho
comunitario "distintas de las del CETA, ni para dictar laudos que puedan
impedir que las instituciones de la Unión actúen conforme al marco
constitucional de ésta".
A juicio del TUE, el acuerdo
negociado con Canadá no plantea problemas a este respecto porque no
atribuye ninguna competencia de interpretación o de aplicación del
Derecho de la Unión más allá de la relativa a las disposiciones del
propio acuerdo.
Además, el dictamen señala que el CETA
cuenta con cláusulas que privan a los tribunales del sistema de
arbitraje de la competencia para cuestionar el nivel de protección del
interés público.
Finalmente, da por buenas las
garantías del Consejo y de la Comisión para asegurar que también las
pymes podrán acceder a los tribunales previstos en este mecanismo y
evitar así que su acceso quede restringido a empresas o personas que
dispongan de elevados recursos financieros.
El
controvertido pacto comercial entró en vigor de manera provisional en
septiembre de 2017, tras superar durante su proceso de ratificación las
reservas de la región belga de Valonia, que durante un tiempo amenazó
con tumbarlo y finalmente levantó su veto con la condición de que se
sometiera al dictamen del TUE.
De este modo, la mayor
parte de las disposiciones del CETA pudieron entrar en vigor de manera
provisional en ese fecha --la parte que es competencia exclusiva de la
UE--, mientras que lo referente al tribunal de arbitraje, que requiere
la ratificación de todos los Estados miembros, quedó en suspenso a la
espera de que Bélgica se pronuncie tras conocer este dictamen.
En
su consulta al tribunal con sede en Luxemburgo, el Gobierno belga pidió
aclarar la compatibilidad del CETA con el derecho de acceso a los
tribunales, el derecho a una justicia independiente e imparcial, el
principio general de igualdad y el imperativo de 'efecto útil' del
derecho comunitario y la competencia exclusiva del TUE para interpretar
el derecho de la UE.
Tras conocerse la opinión del
TUE, el viceprimer ministro belga y titular de Exteriores, Didier
Reynders, ha destacado que las "respuestas del Tribunal aportan claridad
y reafirman la voluntad de reforma hacia una política comercial
ambiciosa y equilibrada".
Según ha destacado en un
comunicado el Ministerio de Exteriores belga, el sistema de resolución
de litigios constituye un "primer paso" de cara a establecer un
"tribunal multilateral de inversiones" que, cuando se concluya, se
convertirá en la instancia jurídica competente para resolver conflictos
entre los inversores y los Estados.
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