QUITO.- Las fuerzas de seguridad de Ecuador han detenido a una
persona vinculada a Wikileaks cuando trataba de abandonar el país y
viajar a Japón, según ha informado la ministra del Interior,
María Paula Romo.
“Hay un plan de desestabilización en Ecuador que está
vinculado a intereses geopolíticos”, ha señalado Romo tras la detención.
“Tenemos pruebas de que existe una relación entre la persona detenida y
Ricardo Patiño, quien era ministro de Asuntos Exteriores cuando a
Julian Assange, fundador de Wikileaks, se le concedió el asilo”, ha
aseverado.
Además, en una entrevista en una emisora de radio, Romo precisó que “la detención tiene fines investigativos” y prefirió no ahondar en detalles para evitar algún tipo de efecto en las pesquisas.
Sin embargo, señaló que esta persona tendría alguna relación con el
excanciller Ricardo Patiño, quien otorgó el asilo diplomático a Assange
en 2012, cuando el australiano se refugió en la sede de la Embajada de
Ecuador en Londres, de donde ayer fue llevado detenido por la policía
británica.
Según señalan algunos medios, entre los que se encuentra El País, se trataría de un programador informático sueco, llamado Ola Bini,
con cierto parecido físico al propio Assange y al que se le atribuye
haber colaborado en tareas de desestabilización contra el Gobierno
ecuatoriano y contra el presidente Lenín Moreno. Un argumento que
también se utilizó para justificar el fin de la protección diplomática
de la que disfrutaba Assange desde junio de 2012.
Es una persona cercana a la organización de Assange que “vive aquí” y
que ha sido detenida esta tarde “mientras intentaba viajar a Japón”,
insistió la ministra que prefirió tampoco dar una mayor información
sobre otros dos sospechosos rusos, supuestamente relacionados con la
filtración de información de WikiLeaks.
“Tenemos que ser muy cautelosos” con las investigaciones, añadió Romo
que dejó en claro que su Gobierno no va a “permitir que Ecuador se
convierta en un centro de piratería continental”.
Un tribunal londinense condenó este jueves a Assange por violar los
términos de la libertad condicional que Reino Unido le concedió en 2012.
La Justicia sueca emitió en 2012 una orden de detención contra Assange por abusos sexuales.
El entonces presidente de Ecuador, Rafael Correa, le concedió el asilo
político para evitar que fuera entregado a la nación nórdica y desde
allí pasara a Estados Unidos para ser juzgado bajo amenaza de pena
muerte.
Reino Unido, donde se encontraba Assange en esos momentos, se negó a
darle un salvoconducto para que viajara a Ecuador alegando que debía
entregarle a Suecia. Entonces, se refugió en la Embajada y, tras faltar a
su primera cita judicial, fue acusado de violar los términos de la libertad condicional.
El nuevo Gobierno de Lenín Moreno en Ecuador, que siempre ha
considerado a Assange un problema heredado de Correa, había anunciado este
jueves que le retira el asilo político por vulnerar las normas
internacionales sobre el mismo y el protocolo de convivencia en la
Embajada.
Inmediatamente después, era detenido por la Policía Metropolitana de Londres. El
editor australiano se ha sometido este mismo jueves a un juicio rápido
en un tribunal británico que le ha declarado culpable de violar la
libertad condicional. La pena exacta no se conocerá hasta más adelante, si bien podría ascender a doce meses de cárcel.
Estados Unidos también ha movido ficha y ha revelado que acusa a
Assange de conspirar con la ex analista de Inteligencia del Ejército
Chelsea Manning para ‘hackear’ los ordenadores del Departamento de
Defensa y acceder a documentos clasificados, por lo que podría ser
condenado a cinco años.
Desde Suecia, la mujer que acusó a Assange de violación ha pedido
formalmente a la Fiscalía que reabra el caso, que quedó cerrado en 2017
porque la presencia del fundador de Wikileaks en la Embajada hacía
imposible que la investigación avanzara.
Reino Unido debe decidir cómo procede con Assange. A la espera de lo
que resuelvan las autoridades suecas, Estados Unidos sigue pendiente de
su extradición.
Ecuador ha explicado que el Gobierno británico le ha
dado garantías de que no será entregado a ningún país donde pueda ser
condenado a pena de muerte o sufrir tortura.
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