LA HAYA.- Las
mujeres víctimas de esclavitud en las lavanderías y talleres de costura
de la congregación del Buen Pastor en Holanda mantuvieron este martes
un encuentro con diputados de diferentes partidos en el Parlamento del
país para denunciar la explotación infantil en los conventos y exigir
una compensación al Gobierno.
En
el encuentro, a puerta cerrada, las víctimas pidieron al Gobierno
reconocer el daño causado en su infancia, ya que del Estado dependían
tanto los jueces de menores como los servicios sociales que ordenaban o
permitían el encierro en conventos de niñas que apenas rozaban los 14
años.
El
Estado holandés es "responsable de lo que le ha ocurrido" a las mujeres
encerradas de niñas en lavanderías y talleres de costura de las
Hermanas del Buen Pastor, advirtió el victimólogo Jan van Dijk,
investigador de los abusos en los conventos del país.
Según
testimonios recogidos unas 15.000 adolescentes estigmatizadas
como "prostitutas" y procedentes de "familias rotas" fueron encerradas
en la congregación de Nuestra Señora del Buen Pastor en Holanda entre
1860 y 1978, donde fueron obligadas a trabajar durante 60 horas a la
semana y sin cobrar en lavanderías y talleres de costura.
Eran,
en su mayoría, niñas huérfanas, víctimas de abusos sexuales o de
violencia de género, rebeldes adolescentes o hiperactivas
"incontrolables" y, según denuncian, fueron privadas de libertad y
obligadas a coser y limpiar camisas para el Ejército o sábanas y toallas
para hospitales, y prendas para conocidas empresas del país.
"La
mayoría fueron puestas ahí por agencias de protección de menores.
Incluso cuando fueron los padres los que decidieron ponerlas ahí, fue
porque el Buen Pastor era una institución reconocida por el Estado como
segura para niñas. El Estado es responsable de lo que ha pasado", agrega
Van Dijk.
Este
profesor emérito de victimología en la Universidad de Tilburgo ha
investigado los casos de cientos de mujeres explotadas por las hermanas
católicas para elaborar un informe de asesoramiento a la Plataforma de
Mujeres para el Abuso Infantil de la Iglesia, que fue entregado al
Ministerio holandés de Justicia el pasado mes de febrero.
Van
Dijk, que también acudió hoy al Parlamento, subraya que los delitos
fueron cometidos en contra de las reglas de la época: el encierro de
menores, su trabajo forzado y no remunerado y los castigos en celdas de
aislamiento a los que fueron sometidas por negarse a trabajar fueron una
violación del tratado de la Organización Internacional de Trabajo
(OIT), firmado por Holanda en 1930.
También
violaron la jurisprudencia holandesa que prohíbe el trabajo infantil
forzado y que obliga a ofrecer una educación obligatoria a los menores
de edad. Una de las principales denuncias de estas mujeres es que no
pudieron estudiar ni reintegrarse en la sociedad tras abandonar la
congregación, puesto que no tenían dinero y eran estigmatizadas como las
"descarriadas" del Buen Pastor.
En
una carta reciente a algunas víctimas, la congregación -a través de su
abogado, Pieter Nabben- consideró que encerrar y forzar a las menores a
trabajar "estaba en ese momento en la línea con los puntos de vista
pedagógicos" y las acusaciones que están haciendo ahora son
"inapropiadas" e "injustificadas".
"Mi
objetivo es convencer al Gobierno holandés de que tiene que establecer
un fondo de compensaciones para estas mujeres. Cuando se analizan los
casos, eran en su mayoría niñas de familias rotas: que ha muerto uno de
sus padres, que su padrastro haya abusado de ellas y han escapado, etc.
Eran más víctimas de circunstancias familiares, que niñas descarriadas",
alerta Van Dijk.
Tras
presentar un segundo informe con una opinión legal al Gobierno
holandés, Van Dijk logró una reacción positiva del ministro de
Protección Legal, Sander Dekker, quien subrayó que, en su opinión
personal, las víctimas tienen derecho a reconocimiento y compensación.
Sin
embargo, Dekker rehusó abrir una investigación independiente sobre lo
ocurrido, ya que aún espera las conclusiones de otro comité que
investiga la violencia física y psicológica en las últimas décadas en el
cuidado de los jóvenes por parte de la iglesia católica en Holanda.
En
su encuentro hoy en el Parlamento, las víctimas lograron el apoyo de
"todos los partidos políticos", según Van Dijk, aunque está por ver qué
medidas tomará el Gobierno.
"Es
extremadamente importante que el Estado admita su responsabilidad y
haga el gesto de pagar una compensación a estas mujeres. Es de una gran
importancia simbólica para que ellas sientan que su historia es
escuchada y se reconozca que esto nunca debió haber ocurrido en una
sociedad civilizada", concluye el investigador holandés.
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