MANAGUA.- Los "testigos y acompañantes" de las
negociaciones para superar la crisis de Nicaragua llamaron a una nueva
reunión a la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, y
al Gobierno local, que este sábado aceptó la invitación.
El
nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag, y el
representante de la Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos, Luis Ángel Rosadilla, "testigos y acompañantes" de las
negociaciones que se dieron del 27 de febrero a 3 de abril, citaron a
las partes para el próximo día 23.
La cita de Sommertag y Rosadilla tiene como objetivo
presentar a las partes una propuesta de implementación "de los puntos
previamente acordados".
Aunque los acuerdos entre el
Gobierno y la Alianza no alcanzaron la totalidad de los temas previstos,
las partes se comprometieron a garantizar que el Estado libere a los
"presos políticos" y respete la Constitución de Nicaragua en lo referido
a la libertad de expresión y de prensa.
Las
negociaciones se dieron por concluidas de forma oficial el 3 de abril
luego de que la Alianza se negara a retomarlas mientras el Gobierno no
cumpliera con sus compromisos.
El Gobierno divulgó una
vez más su "disposición y compromiso" de "avanzar en la implementación
de los acuerdos ya tomados, y continuar las conversaciones" sobre temas
pendientes.
La Alianza, que no ha respondido la
invitación de los testigos, solicitó el viernes públicamente al Gobierno
dar "fin de comunicados engañosos" sobre el supuesto cumplimiento de
compromisos firmados por parte del Estado.
Los
opositores acusan al Gobierno de negarse a cumplir con los acuerdos, ya
que no ha liberado a ningún "preso político" y ha reprimido cada
manifestación contra el presidente Daniel Ortega.
También
señalan al Gobierno de mostrar públicamente su interés en avanzar en
las negociaciones, pero poner obstáculos una vez que se intenta abordar
los temas de justicia para las víctimas de la crisis y las reformas
electorales para adelantar los comicios de 2021.
La
crisis que vive Nicaragua desde abril de 2018 ha dejado 325 muertos,
según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque
algunos grupos elevan a 568 las víctimas mortales, y el Ejecutivo
reconoce 199.
Adicionalmente se cuentan entre 779 y
809 "presos políticos", casi el doble de los que reconoce el Gobierno,
que los identifica como "terroristas", "golpistas" o "delincuentes
comunes".
La CIDH ha responsabilizado al Gobierno de Nicaragua por crímenes de "lesa humanidad".
La
Organización de los Estados Americanos (OEA) tiene en proceso la
aplicación de la Carta Democrática Interamericana, por rompimiento del
orden constitucional, que de ejecutarse suspendería a Nicaragua del
organismo continental.
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