WASHINGTON.- El presidente de EE.UU., Donald
Trump, firmó este miércoles dos decretos destinados a acelerar la
aprobación de oleoductos y otras infraestructuras para el petróleo y el
gas, al dificultar la intervención de los estados cuando haya
preocupaciones sobre el posible impacto medioambiental de esos
proyectos.
Durante una visita a Houston (Texas),
Trump prometió que sus medidas "acelerarán drásticamente la aprobación
de los proyectos de infraestructura" energética.
"En este Gobierno, hemos puesto fin a la guerra a la
energía estadounidense", dijo Trump en referencia a sus medidas para
potenciar los combustibles fósiles, que le han llevado a retirar EE.UU.
del Acuerdo de París sobre el clima y a eliminar numerosas regulaciones
para la protección del medioambiente.
Los decretos
que firmó hoy buscan contentar a la industria del petróleo y el gas, que
se han quejado de que las revisiones sobre el impacto medioambiental de
sus proyectos y las demandas judiciales destinadas a frenarlos han
ralentizado sus planes de aumentar la producción de esas fuentes de
energía.
La primera de esas medidas insta a la
Agencia de Protección Medioambiental (EPA, en inglés) a "revisar y
actualizar" las directrices que el Gobierno envía a los estados para la
implementación de la Ley de Aguas Limpias de 1972.
Esa ley determina que quienes quieran construir un proyecto energético
deben obtener una certificación del estado por el que pase antes de
seguir adelante con él, y la Casa Blanca argumenta que una
interpretación "anticuada" de la legislación ha llevado a territorios
como Nueva York y Washington a paralizar proyectos.
Según grupos progresistas y de defensa del medioambiente, cualquier
intento de la EPA de coartar el derecho de los estados a detener la
construcción de esos proyectos infringiría la ley de 1972, que el
Tribunal Supremo ha respaldado en dos ocasiones.
La
segunda orden ejecutiva de Trump establece que a partir de ahora será el
presidente de EE.UU., y no el secretario de Estado, el responsable de
tomar la decisión acerca de proyectos energéticos que atraviesen una
frontera internacional, como es el caso del oleoducto Keystone XL, un
proyecto de Canadá.
Tras años de retrasos y demandas
judiciales, Trump concedió el mes pasado un nuevo permiso para que la
empresa canadiense TransCanada construya la porción de su oleoducto que
va de la provincia canadiense de Alberta al estado de Nebraska (EE.UU.).
Pero grupos medioambientales presentaron este mes una nueva demanda
judicial en la que argumentan que Trump no tiene el poder legal para
otorgar ese permiso y que debería ser el Congreso quien lo haga, por lo
que el segundo decreto del presidente parece ser un intento de subrayar
su autoridad para imponerse en las cortes.
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