MIAMI.- Grupos del exilio cubano en Miami mostraron este martes
su apoyo a la decisión de EE.UU. de endurecer el embargo a Cuba con el
levantamiento de la suspensión de título III de la ley Helms-Burton, que
permitirá reclamar en este país propiedades privadas en la isla
expropiadas por el régimen castrista.
La suspensión
de esta parte de la ley Helms-Burton, de 1996, prevista para el
miércoles, abre la puerta a que los estadounidenses puedan demandar por
daños a compañías extranjeras que han invertido en bienes comerciales
confiscados tras el triunfo de la Revolución cubana.
Esta medida servirá para "cortar las vías económicas que
beneficiaban hasta ahora directamente al régimen cubano cuando hacen
negocios con las empresas extranjeras", dijo Ramón Saúl Sánchez,
director del Movimiento Democracia.
Pese a que
Sánchez ha expresado en numerosas ocasiones su rechazo al embargo
comercial a Cuba, sostiene que este es un momento de "coyuntura" en que
"se debe aplicar" este endurecimiento, dado que el Gobierno de la isla
"sigue reprimiendo a la población".
"Se le debe
apretar (al Gobierno cubano) con todo lo que se pueda y dirigir esas
acciones contra los represores y dirigentes del régimen", algo que se
puede realizar bien y con eficacia si se logra "separar al pueblo del
régimen".
Sánchez explicó que su organización ha
solicitado en reiteradas ocasiones a las diferentes Administraciones
estadounidenses la aplicación de los Principios Sullivan, que exigen a
las compañía nacionales que hacen negocios con el régimen cubano que
cumplan esos principios de responsabilidad empresarial.
Lo que no es de recibo, afirmó el activista exiliado, es que, por
ejemplo, las empresas de cruceros estadounidenses "hagan negocio con el
régimen cubano pagándole a este directamente" por los servicios
realizados por los trabajadores cubanos.
Orlando
Gutiérrez, directivo de la Asamblea de la Resistencia Cubana, una
coalición de grupos opositores de dentro y fuera de la isla, se mostró
un firme defensor de esta política.
En opinión de
Gutiérrez, el impacto de esta medida tendrá consecuencias graves, por
ejemplo, en las compañías de cruceros estadounidenses que "invierten en
los muelles de La Habana o Santiago", ya que podrían afrontar demandas
por daños en los tribunales de Estados Unidos.
A la
postre, el "régimen cubano ha subestimado al exilio cubano", pero el
"exilio no va a desaparecer" y sí va a buscar mantener todo tipo de
presiones políticas y económicas contra La Habana, dijo.
La medida podría alcanzar también a cadenas hoteleras como la
estadounidense Marriot o el grupo español Meliá, compañías que, según el
activista cubano, "han invertido en propiedades y hoteles robados" por
el régimen cubano.
En ese contexto judicial, los
bienes de estas compañías, entre otras posibles, localizados en
territorio estadounidense "podrían estar sujetos a una reclamación por
daños causados" y al fallo consecuente de un juez federal.
De levantar el miércoles el Gobierno estadounidense la suspensión del
título III de la ley Helms-Burton, "cualquier compañía que opere en Cuba
puede verse afectada, así como empresas que tienen que trabajar con el
Gobierno cubano, sean privadas o no", dijo Dylan Jackson,
especialista en asuntos legales y de negocios.
En
cuanto al impacto que pueda tener en las compañías de inversión
extranjeras, todo va a depender, agregó Jackson, de si la Administración
de Trump "permite que se cumpla la ley completa".
Hasta ahora las "únicas entidades afectadas son las empresas de
propiedad cubana y las entidades gubernamentales", por lo que resulta
"simbólico", ya que "si los demandantes quieren que se les devuelva su
dinero, la empresa debe tener presencia" en Estados Unidos, apuntó.
Ahora bien, las suspensiones del Título III de la ley Helms-Burton
"abriría las puertas" a demandas contra empresas multinacionales como
Carnival Cruises y otras "porque tienen presencia en Estados Unidos".
Para Sylvia Iriondo, presidenta de Madres y Mujeres contra la Represión
(MAR por Cuba), la implementación del Título III de esta ley supone un
"paso decisivo para la libertad de Cuba y Venezuela, así como para el
fin de la impunidad del régimen de La Habana".
Entre
las propiedades en la isla que fueron expropiadas tras la Revolución
cubana que podrían ser objeto de demanda en los tribunales de EE.UU.
figuran lugares clave como los muelles del puerto de La Habana y de
Santiago de Cuba o el Aeropuerto Internacional José Martí.
Gutiérrez explicó que los muelles de La Habana eran propiedad de
"Havana Docks Corporation Muelles", de la familia Behn, que ya había
presentado en EE.UU. una reclamación certificada.
En cuanto al Puerto de Santiago de Cuba, este era propiedad de las familias Bengoechea y Badun.
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