ATENAS.- El Gobierno griego y las
instituciones acreedoras esperan cerrar esta semana los flecos
pendientes de la segunda evaluación posterior al rescate para que el
próximo viernes el Eurogrupo pueda dar luz verde a un desembolso de 970
millones de euros.
En un principio estaba previsto
que a partir de hoy se encontraran en Atenas los jefes de misión de la
troika formada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el
Mecanismo Europeo de Estabilidad, pero finalmente solo han venido
cuadros técnicos.
Según señalan hoy los medios locales, la llegada de los
jefes de misión ha sido pospuesta a mayo, debido al retraso sufrido en
las negociaciones para la nueva ley de protección contra el desahucio
aprobada la semana pasada en el Parlamento.
La cámara
aprobó una ley que permitirá que las personas incapaces de pagar la
hipoteca de su vivienda habitual sigan estando protegidas contra el
desahucio, siempre y cuando cumplan una serie de condiciones.
Los acreedores lograron arrancar al Ejecutivo de Alexis Tsipras una
serie de limitaciones que no estaban previstas en el borrador inicial,
pues consideraban que este era demasiado generoso con personas que no
pagan aún pudiendo hacerlo.
Finalmente se logró un
acuerdo que protege a las viviendas habituales, cuyo valor catastral no
exceda de los 250.000 euros y si los ingresos anuales del deudor no
superan los 12.500 euros anuales (hasta 36.000 euros en el caso de las
familias).
Según el Gobierno y la banca, el 70 % de
las personas con problemas de pago seguirán estando protegidas contra la
ejecución de sus hipotecas.
Las autoridades europeas
aceptaron que en el marco de protección entren también viviendas que
han sido hipotecadas para préstamos empresariales, siempre y cuando su
valor catastral no supere los 175.000 euros.
Aunque
todavía hay algún fleco que solventar esta semana respecto a los
detalles de esta ley, se espera que los técnicos abran en paralelo la
tercera evaluación posterior al rescate, con el objetivo de cerrarla a
finales de mayo tras las elecciones europeas.
El
viernes tendrá lugar la próxima reunión de los ministros de Economía y
Finanzas de la eurozona, de la que el Gobierno de Atenas espera obtener
luz verde para cobrar los citados 970 millones de euros que resultan de
los intereses generados por los bonos helenos en manos de los bancos
centrales nacionales y del Banco Central Europeo (BCE), que pertenecen
al Estado.
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