PANAMÁ.- La crisis que estalló hace un año en Nicaragua ha
impactado en la dinámica migratoria y comercial de Centroamérica, con la
vecina Costa Rica como la más afectada, y ha signado sin mayor
estridencia los nexos políticos regionales con la única excepción del
caso del Gobierno electo de El Salvador.
El efecto de
más peso ha sido, sin duda, la salida de miles de nicaragüenses huyendo
de un conflicto que ha dejado cientos de muertos y detenidos, abatido
la economía del segundo país más pobre del continente y disparado el
desempleo.
La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados
(Acnur) cifró este martes en 62.000 los nicaragüense que han dejando su
país en el último año a causa de la crisis sociopolítica, de los que
55.000 han llegado a territorio costarricense.
De
acuerdo con Acnur, muchos de los emigrantes nicaragüenses, que en
principio eran adultos pero luego fueron familias enteras, han optado
por entrar irregularmente a Costa Rica, a cuyo Gobierno la Agencia
elogió los esfuerzos en la recepción de estos refugiados.
Costa Rica históricamente ha sido un sitio de acogida para miles de
nicaragüenses que han huido de su país por diversas razones, como los
conflictos armados internos, especialmente en la década de 1980.
Por la actual crisis han llegado a tierras costarricenses reconocidos
dirigentes sociales como Álvaro Leiva, líder de la Asociación
Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) y única persona a la que hasta
el momento se le ha otorgado asilo político.
También
el periodista Carlos Fernando Chamarro, quien forma parte de un grupo
de comunicadores nicaragüenses que ahora desempeñan la profesión desde
Costa Rica; y el exmagistrado Rafael Solís, quien es padrino de bodas de
Ortega y Rosario Murillo, actual vicepresidenta.
Un
estudio presentado el lunes en San José por la Fundación Arias para la
Paz determinó que el 53 % de los nicaragüenses que han llegado a Costa
Rica por la actual crisis con estudiantes o profesionales.
Según esa investigación, el ingreso de la mayoría de ellos se dio
durante julio, agosto y septiembre pasados, en coincidencia con las
llamadas operaciones "limpieza" y "represión selectiva" ejecutadas por
las fuerzas de seguridad y grupos afines al sandinismo, de acuerdo con
denuncias opositoras y de onegés humanitarias.
La
violencia callejera que caracterizó a las etapas iniciales de la crisis,
en las que se registraron la mayoría de las víctimas mortales, tuvo sus
primeros efectos en el tránsito regional de mercancías debido a los
bloqueos en las vías nicaragüenses.
El Gobierno de
Panamá llegó a pedir en junio pasado la suspensión temporal de los
envíos de bienes por tierra a Nicaragua luego de que más de un centenar
de sus transportistas quedó varado en medio del conflicto, una situación
que afectó también a la carga de otros países de la región.
En marzo pasado, unas tasas que comenzó a cobrar Nicaragua a las
mercancías con destino a ese país o en tránsito fueron tildadas por las
Cámaras de Comercio de Centroamérica como "obstáculo" a un comercio
intrerregional ya afectado históricamente por la inseguridad en las
carreteras y la burocracia en las aduanas.
El
Gobierno de Daniel Ortega ha aplicado reformas tributarias y a la
seguridad social en busca de fondos luego de que economía se contrajo un
3,8 % en el 2018, según datos del Banco Central.
La
situación nicaragüense también ha generado cierta tensión en las
relaciones diplomáticas en la región, que lleva años intentando
consolidar su unión en todos los ámbitos con el llamado Sistema de la
Integración Centroamericana (Sica).
Los Gobiernos
centroamericanos han expresado públicamente que el diálogo entre el
Ejecutivo de Ortega y la oposición debe ser la vía para superar el
conflicto. Costa Rica y Panamá han dado un paso más allá al pedir que se
investigue la muerte de manifestantes.
El gobernante
electo de El Salvador, Nayib Bukele, mostró desde la campaña
proselitista su rechazo a Ortega, al que califica como "dictador", y
anunció que ni el líder sandinista ni los presidentes de Venezuela,
Nicolás Maduro, y de Honduras, Juan Orlando Hernández, serán invitados a
su acto de investidura el próximo 1 de junio.
"Dictador es dictador. De derecha o de izquierda", publicó el mandatario electo salvadoreño en su cuenta de Twitter.
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