LONDRES.- Theresa
May se enfrenta a un motín interno a la vuelta de Semana Santa, tras
las maniobras promovidas por las bases del Partido Conservador para
retorcer la normativa orgánica y provocar su desalojo de Downing Street.
El malestar con su liderazgo, el enfado por el acercamiento al
Laborismo y la debacle prevista en las europeas de mayo, que parecen ya
inevitables, han encendido la mecha entre las asociaciones locales, que
aspiran a que la pólvora llegue hasta la cúspide y fuerce un recambio en
el número 10.
Su
inusitada beligerancia se debe a que, de momento, la primera ministra
está blindada hasta diciembre. El fracaso de la intentona para apearla
del poder, promovida por los eurófobos a final de 2018
acabó resultando contraproducente, puesto que dejó a May intocable
durante un año.
Las reglas del partido vetan cualquier asalto al
liderazgo en los doce meses posteriores a haber superado un desafío
interno, por lo que los críticos se han visto obligados a abrir el
manual de instrucciones para descifrar si existe alguna posibilidad
alternativa de deshacerse de la premier.
La solución más sencilla e innegablemente las más limpia implicaría
convencer a los miembros del Gobierno de retirar su confianza en su
continuidad y, con ello, forzar la salida. Los conservadores tienen
sobrada experiencia en la materia y su historia presenta notables casos
en los que no dudaron en completar el magnicidio, el más destacable en
tiempos recientes, el de Margaret Thatcher en 1990, cuando tras once
años en el poder se vio obligada a abandonar la residencia oficial,
debido, precisamente, a la división que Europa provocaba ya por entonces
en sus filas.
El
fantasma comunitario no se fue del número 10 con la Dama de Hierro y
siguió atormentando a los mandatarios tories posteriores, desde John
Major, hasta David Cameron, quien dimitió tras perder el referéndum en
el que había defendido la permanencia en la Unión Europea, y hoy en día,
Theresa May.
El plan que actualmente se cierne sobre su continuidad pasa por
forzar una reunión general extraordinaria entre los miembros del
partido, en la que tendría lugar un voto de no confianza.
Aunque no sería vinculante, el escarnio público sería
difícil de gestionar, ya que evidenciaría que la primera ministra no
solo ha perdido la confianza del Parlamento, sino oficialmente de su
partido, si 65 presidentes de asociaciones locales demandan la
convocatoria de la Convención Nacional Conservadora, un organismo que
aglutina a unos 800 dirigentes tories y que, hasta ahora, nunca había
sido organizado.
Quienes están detrás de la campaña aseguran que cuentan ya con medio centenar de firmas y confían en reunir las restantes.
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