WASHINGTON.- La intención del Gobierno del
presidente de EE.UU., Donald Trump, de incluir una pregunta sobre el
estatus de ciudadanía en el censo de 2020, algo que no ocurría desde
1950, ha irritado a los defensores de los inmigrante, que temen una baja
participación hispana y denuncian intereses políticos.
Estas son algunas de las claves para entender la polémica que se ha
levantado en torno al censo, previsto por la Constitución cada diez
años, y que ha llegado a manos de la Corte Suprema.
¿EN QUÉ CONSISTE LA PROPUESTA?
En
marzo de 2018, el secretario de Comercio, Wilbur Ross, propuso, a nombre
de la Administración Trump, que el cuestionario del censo -que puede
responderse por correo, teléfono o en persona y desde 2020, por primera
vez, por internet- incluya una pregunta sobre el estatus legal de los
residentes en EE.UU.
CRÍTICAS Y ACCIONES JUDICIALES
La iniciativa encendió de inmediato las alertas de las organizaciones
defensoras de los derechos de los inmigrantes, así como de fiscales y
líderes del opositor Partido Demócrata.
Los estados
de California y Nueva York demandaron al Gobierno por la propuesta y en
total 18 estados, 15 ciudades y condados del país, así como la
Conferencia Estadounidense de Alcaldes y varias ONG, se unieron para
presentar una demanda conjunta.
Tres jueces federales, incluido Jesse M. Furman, de Nueva York, han bloqueado la iniciativa por considerarla ilegal.
Los senadores demócratas Bob Menéndez, Cory Booker y Maizie Hirono
presentaron en marzo de 2018 la Ley Cada Persona Cuenta, que prohibiría a
la Oficina del Censo hacer una pregunta sobre ciudadanía o la situación
migratoria.
¿CUÁLES SON LAS CRÍTICAS A LA INCLUSIÓN DE LA PREGUNTA?
Al dar a conocer su sentencia, en enero pasado, el juez Furman
advirtió: "Cientos de miles de personas, incluso millones, no serán
contados en el censo si se incluye la pregunta sobre ciudadanía".
Según un estudio de la propia Oficina del Censo de Estados Unidos, al
menos 6,5 millones de personas no participarían en el empadronamiento en
caso de que se incluya esa pregunta.
Y un estudio de
la Universidad de Harvard estimó que unos 4,6 millones de hispanos
pueden quedarse sin contar si se les consulta sobre su estatus legal o
si son o no ciudadanos estadounidenses.
El Comité
Nacional Demócrata, con un importante arraigo entre los votantes
hispanos, ha pedido al presidente Trump que deje "de usar el censo como
una herramienta política para restarle poder a la comunidad latina y las
demás comunidades de color".
Otras voces señalan el
temor que subyace entre las comunidades inmigrantes a que los datos del
censo, que son confidenciales y no pueden ser compartidos hasta 72 años
después de su realización, sean facilitados a las autoridades
migratorias.
¿Y QUÉ MÁS ESTÁ EN JUEGO?
Según la campaña "Hágase contar", de la organización sin ánimo de lucro
NALEO Educational Fund, los datos arrojados por el censo permiten
definir la asignación de más de 800.000 millones de dólares de
financiamiento federal para programas dirigidos a las familias y las
comunidades.
Entre los diez programas federales que
usan como base los resultados del censo se encuentran los de salud
pública conocidos como Medicaid y Medicare, el de Asistencia Nutricional
Suplementaria (SNAP), las subvenciones a las agencias locales de
educación y los programas de almuerzo escolar, entre otros, según esa
organización.
Los datos también permiten determinar
dónde se construirán escuelas, carreteras, hospitales, centros de
cuidado infantil, asilos para personas de la tercera edad y otros
servicios, agrega NALEO.
El fiscal general de
California, Xavier Becerra, ha advertido que la pregunta pone en peligro
la incorporación en los datos estadísticos de la población total de
Estados Unidos de "varios millones" de indocumentados que residen en el
país. "Si no nos cuentan, no contamos", sentenció.
Un
registro incompleto de la población tiene consecuencias políticas, ya
que la Cámara de Representantes cuenta con 435 miembros que se reparten
proporcionalmente a la población en los 50 estados del país.
El censo también determina la distribución de distritos legislativos estatales y del Congreso.
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