MANAGUA.- Un año después del inicio de la
llamada "insurrección cívica" de abril, Nicaragua sigue desdibujada por
una crisis sociopolítica que se mantiene con denuncias de muertes,
desapariciones, tortura y ríos de exiliados y un fuerte impacto
económico.
Nicaragua era un país pobre pero cada año
su producto interno bruto (PIB) crecía por encima del 4,5 %, y el
estallido social que nació por reformas a la seguridad social el 18 de
abril de 2018 llevó a una crisis que causó una contracción del 3,8 %,
según datos del Banco Central del país.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha pronosticado que en 2019 el PIB de Nicaragua sufrirá un nuevo retroceso, del 5 %.
Nicaragua
también destacaba entre los principales destinos turísticos emergentes
del mundo, y la Policía presumía de que era una de las naciones más
seguras de Latinoamérica.
Pero el país recomendado
entre los mejores para retirarse hoy se relame sus heridas con 400.000
empleos menos y un costo de vida en alza.
Por la noche
pocos lugares permanecen abiertos después de las 20.00 hora local. Los
centros turísticos del norte de Managua y los lujosos escenarios
deportivos, que atraían a más de 45.000 personas en un fin de semana,
hoy lucen desolados.
La Policía, que no realizaba
patrullajes diurnos, ahora está en casi todas las intersecciones
importantes de las ciudades con rifles AK-47 de fabricación rusa o
escopetas, y vastas municiones.
La opositora Unidad
Nacional Azul y Blanco reporta al menos 2 desapariciones diarias a manos
de policías, personas que luego aparecen en prisión con denuncias de
torturas, algunas hasta de violaciones sexuales.
La
opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia reporta 809
"presos políticos" y el Gobierno reconoce menos de la mitad, por lo que
se estima la desaparición de cientos de manifestantes "autoconvocados",
aquellos que no siguen liderazgos en su repudio al mandatario Daniel
Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.
Según
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), unos 325
manifestantes han muerto en protestas contra el presidente Daniel
Ortega; instituciones humanitarias locales cuentan 568 víctimas,
mientras que el Gobierno reconoce 199.
La CIDH, la
oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (Acnudh), y diversos organismos locales e internacionales
responsabilizan por la crisis humanitaria al Gobierno de Ortega, al que
el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) atribuye
crímenes de "lesa humanidad".
Según diferentes
militares retirados del Ejército, el Gobierno realizó eliminaciones de
opositores entre abril y julio de 2018, cuando atacó con armas de guerra
a poblaciones enteras con sus "fuerzas combinadas", compuestas por
policías, antimotines, paramilitares y grupos de choque, y luego pasó a
una etapa de "ejecuciones selectivas", también letal, pero menos
visible.
La mayoría de víctimas eran jóvenes varones,
estudiantes, trabajadores o campesinos, muchos de los cuales murieron al
serles negada la atención hospitalaria, según la Asociación Médica
Nicaragüense (AMN).
Entre las víctimas está el
periodista Ángel Gahona. La Fundación Violeta Barrios de Chamorro
registró al menos 712 casos de violación a la libertad de prensa entre
abril y diciembre, desde amenazas hasta confiscaciones de medios, así
como la detención de periodistas, dos de los cuales permanecen en
prisión, y otros 66 fueron al exilio.
Organizaciones
no gubernamentales indican que en Costa Rica se han exiliado más de
70.000. Varias decenas de miles han partido hacia Estados Unidos, España
y otros países.
El obispo auxiliar de la
arquidiócesis de Managua, Silvio Báez, una de las voces más críticas de
Ortega, reveló recientemente un supuesto plan para asesinarlo, y partirá
pronto al Vaticano por petición del papa Francisco.
Como
parte del Episcopado, Báez fue mediador del primer diálogo entre la
Alianza y el Gobierno en busca de una salida pacífica de la crisis,
entre mayo y julio de 2018, cuando Ortega acusó al clero de un supuesto
golpe de Estado "fallido".
El Episcopado declinó
participar en las negociaciones desarrolladas entre el 27 de febrero y
el 3 de abril pasados con presencia de un representante del Vaticano y
otro de la Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos (OEA), cuyo fracaso ha extendido la crisis.
La
Alianza sostiene que el Gobierno se niega a cumplir con acuerdos
firmados como la liberación de los "presos políticos" y el respeto a la
Constitución, y que evade discutir el tema de la justicia para las
víctimas y reformas para adelantar las elecciones de 2021.
Según la oposición, el Gobierno utiliza las negociaciones para evitar sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea.
Sobre
Nicaragua pende el proceso de la aplicación de la Carta Democrática
Interamericana de la OEA, por romper el orden constitucional. De
ejecutarse suspendería a Nicaragua del organismo continental.
Las protestas se mantienen
Las protestas se mantienen
Las protestas contra el presidente de
Nicaragua, Daniel Ortega, se mantuvieron en el país este sábado, a casi
un año del estallido social en el que cientos han muerto, mientras que
los testigos de las negociaciones entre el Gobierno y la oposición
llamaron a las partes a retomar las discusiones.
Las
calles de diferentes ciudades de Nicaragua fueron colmadas de papeletas o
globos de colores azul y blanco, de la bandera nacional de Nicaragua,
que hoy es un símbolo de subversión contra el Gobierno, informó la
Unidad Nacional Azul y Blanco, que convocó a las manifestaciones.
Los opositores también derramaron pintura azul y blanca
sobre algunas pistas, colocaron rótulos azules con letras blancas en los
que se pudo leer "Por la libertad" o "Nicaragua libre", y en algunos
bulevares escribieron "Vamos estudiantes".
La
particular protesta, denominada "Huella azul y blanco", fue convocada
por la Unidad para mostrar repudio hacia el presidente y en recuerdo de
los primeros manifestantes muertos en el estallido social de abril de
2018.
La Policía nicaragüense mantiene una
prohibición a cualquier protesta contra Ortega, medida que es criticada
porque contradice la Constitución de Nicaragua, que garantiza las
libertades públicas sin necesidad de permiso.
El
obispo de la Diócesis de Estelí, Juan Abelardo Mata, emitió un mensaje
por el aniversario del estallido social, que calificó como un "proceso
de lucha cívica-pacífica, con verdaderos avances hacia una visión de
patria".
"Hemos potenciado los valores que nos
identifican como nicaragüenses: la solidaridad, la creatividad, la
constancia, la resiliencia, la valentía, etcétera. Hemos aprendido a
organizarnos, dentro y fuera del país, abriendo camino a la unidad en la
pluralidad", dijo el obispo, un conocido crítico de Ortega.
Mata afirmó que el rescate de los valores "son hechos concretos por los
cuales debemos de darle gracias a Dios y continuar manteniendo viva la
llama que los jóvenes encendieron el 18 de abril de 2018. Es nuestro
deber moral".
Según el obispo, los nicaragüenses
celebran "en medio del dolor, el primer aniversario de un despertar de
conciencia, que ha sacudido los cimientos de una dictadura y ha puesto
al descubierto ante el mundo entero las graves violaciones a los
derechos humanos, de las que hemos sido víctimas en Nicaragua".
El nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag, y el
representante de la Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos, Luis Ángel Rosadilla, "testigos y acompañantes" de las
negociaciones que se dieron del 27 de febrero a 3 de abril, entre el
Gobierno y la oposición, llamaron a las partes a intentar retomar las
discusiones el próximo día 23.
El Gobierno aceptó la
invitación, pero la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la
Democracia, que insiste en no negociar hasta que el Estado cumpla con
sus compromisos de liberar a los "presos políticos" y respetar la
Constitución, no ha dado respuesta.
A cinco días de que se cumpla un año del estallido social, la crisis parece no tener solución.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la crisis
ha dejado 325 muertos. Algunos organismos locales elevan a 568 las
víctimas mortales, y el Ejecutivo reconoce 199.
También se cuentan entre 779 y 809 "presos políticos", casi el doble de
los que reconoce el Gobierno, que los identifica como "terroristas",
"golpistas" o "delincuentes comunes".
La CIDH ha responsabilizado al Gobierno de Nicaragua por crímenes de "lesa humanidad".
La Organización de los Estados Americanos (OEA) tiene en proceso la
aplicación de la Carta Democrática Interamericana, por rompimiento del
orden constitucional, que de ejecutarse suspendería a Nicaragua del
organismo continental.
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