MANAGUA.- El Día Internacional del Trabajo no
fue celebrado este miércoles en Nicaragua, donde unas 453.000 plazas se
han perdido a causa de una crisis sociopolítica que se inició en abril
de 2018, y que ha impactado fuertemente a la economía local.
Las
reuniones multitudinarias que en otros años realizaba el Gobierno, o
las felicitaciones de diversos gremios en honor de los trabajadores,
desaparecieron por segundo año consecutivo en Nicaragua, que vivió una
jornada con apenas movimiento en las calles.
Del casi medio millón de personas que perdieron su empleo
en los últimos doce meses, 157.923 pertenecían al sector formal, según
el centro de pensamiento independiente Fundación Nicaragüense para el
Desarrollo Económico y Social (Funides).
Los números,
sin embargo, podrían incrementarse, ya que Funides proyecta que una
cantidad similar de empleados perderían sus puestos en 2019, mientras el
Gobierno establece la reducción en 65.026.
"Más de 2
millones de personas (de 6,3 millones de habitantes) no podrían
satisfacer sus necesidades mínimas de consumo, de los cuales 600.000 no
serían capaces de costear su alimentación diaria", ha advertido Funides.
La
peor crisis de Nicaragua en décadas, en la que una aparente mayoría
pide la renuncia del presidente Daniel Ortega, ha impactado en todas las
áreas económicas del país.
Según Funides, algunas de
las áreas más afectadas son el comercio y el turismo, que han caído en
un 27 por ciento por cada uno, la construcción en un 24 por ciento, y el
sector financiero en un 15 por ciento.
Tras años de
crecer en forma positiva, la economía nicaragüense se contrajo en un 3,8
por ciento en 2018, como producto de la crisis, según el Banco Central
de Nicaragua (BCN).
La crisis de Nicaragua ha dejado
325 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Organismos humanitarios locales señalan hasta 568. El Ejecutivo
reconoce 199.
También se cuentan 809 "presos
políticos", casi el doble de los que reconoce el Gobierno, que los
identifica como "terroristas", "golpistas" o "delincuentes comunes".
La CIDH ha responsabilizado al Gobierno de Nicaragua por crímenes de "lesa humanidad".
La
Organización de los Estados Americanos (OEA) tiene en proceso la
aplicación de la Carta Democrática Interamericana, por rompimiento del
orden constitucional, que de ejecutarse suspendería a Nicaragua del
organismo continental.
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