SANTIAGO.- El
gobierno de Chile ha cedido a la presión de la oposición para obtener
apoyo para una de sus políticas bandera: aceptar limitar el papel de los
fondos de pensiones privados a medida que el sistema se expande.
La
Cámara Baja votó 84-64 para debatir las propuestas de reforma
pensional, después de que el gobierno incluyera la creación de una
entidad estatal para administrar las contribuciones adicionales pagadas
en cuentas de ahorro por parte de los empleadores.
Los
fondos de pensiones privados de Chile, o AFP, aunque alabados por
muchos economistas en el extranjero como una solución a los pasivos
pensionales gobierno, tienen un problema de popularidad en Chile.
En
2016, cientos de miles salieron a las calles para protestar por las
escasas pensiones pagadas por los fondos establecidos durante la
dictadura de Augusto Pinochet. Durante la votación de hoy, la mayoría de
los legisladores de la oposición sostuvieron pancartas que decían "No
más AFP".
"Cualquier
reforma que no elimine las AFP no será lo suficientemente popular",
asegura Patricio Navia, un analista político chileno. “Las expectativas
de la gente son demasiado altas. Una reforma razonable aumentaría la
pensión mínima y ayudará a aumentar las pensiones futuras, pero no le
dará al gobierno un impulso significativo en términos de popularidad".
El
sistema de pensiones pionero de Chile obliga a todos los trabajadores a
ahorrar 10% de su salario en cuentas individuales administradas por las
AFP, algunas de ellas controladas por empresas con sede en Estados
Unidos, como Metlife Inc., Prudential Financial Inc y Principal
Financial Group.
Si
bien los ahorros, que en 2018 totalizaron 203.000 millones de dólares, o casi
70% del producto interno bruto de Chile, permitieron la creación de un
mercado de capitales fuerte, muchos chilenos no han visto los
beneficios.
Para quienes no lograron ahorrar lo suficiente, como las
personas que trabajan en la economía informal o aquellas con largos
periodos de desempleo, especialmente mujeres, las pensiones miserables
estuvieron muy por debajo del salario mínimo en el momento de la
jubilación.
Incluso después de que el gobierno estableciera una pensión
mínima para los muy pobres en 2008, continuaron las protestas contra el
sistema.
El
presidente Sebastián Piñera busca resolver el problema aumentando las
contribuciones de 10% de los salarios a 14%, a costa de los empleadores.
La reforma también impulsará el "pilar de solidaridad", la red de
seguridad para los pobres financiada por el gobierno.
La
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos dijo que el
proyecto de ley de pensiones iba en la dirección correcta.
"El
proyecto de ley aumenta los ahorros y expande el sistema de solidaridad
para los ciudadanos más pobres", dijo Pablo Antolín, economista
principal de la unidad de pensiones privadas de la OCDE, en una
entrevista con el programa de radio Pauta Bloomberg.
Sin embargo,
incluso con más dinero destinado a cuentas privadas, el ahorro de 14% de
los salarios puede ser insuficiente para garantizar pensiones
adecuadas. "La OCDE recomienda un número más cercano a 18% o 20%", dijo
Antolín.
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