MÉXICO.- La inhabilitación de Emilio Lozoya,
director de la petrolera estatal Pemex de 2012 a 2016, abre la puerta al
Gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador a emitir más sanciones
a funcionarios acusados de corrupción de la anterior Administración de
Enrique Peña Nieto.
Lozoya, que quedó inhabilitado
por 10 años por dar información falsa en su declaración patrimonial y
omitir en dos ocasiones una cuenta bancaria de cientos de miles de
pesos, podría ser el primero en caer de una lista de funcionarios
implicados en actividades ilícitas durante el mandato de Enrique Peña
Nieto (2012-2018).
La Secretaría de la Función Pública (SFP) anunció el
miércoles que Lozoya y el titular de Pemex Fertilizantes durante su
gestión, Edgar Torres, inhabilitado por 15 años, fueron multados por 620
millones de pesos (unos 32,7 millones de dólares).
Este jueves, el abogado Javier Coello calificó en entrevista con Radio
Fórmula de "errónea" la acusación de omisión de una cuenta de banco por
parte de Lozoya.
"Fue un expediente administrativo
que atendimos puntualmente, presentamos todos los elementos de prueba,
¿cuál es el fondo de esto? Que la mamá de Emilio Lozoya en el 2010
aperturó una cuenta en Bancomer y puso como beneficiario a Emilio",
explicó.
En 2010 Lozoya, según el abogado, vivía en
Estados Unidos y en 2012, cuando fue nombrado director de Petróleos
Mexicanos (Pemex), manifestó en su declaración que era beneficiario de
la cuenta de su madre.
No obstante, lo que no declaró
Lozoya, y por ello se le acusa según su abogado, es una cuenta de
inversión derivada de la cuenta inicial de BBVA Bancomer.
"Pero la cuenta de Bancomer (la original) sí la manifestó Emilio Lozoya", aseguró Coello.
Asimismo, dijo también que el motivo de la inhabilitación es más político que legal.
"No es que yo a fuerzas quiera decir que Emilio Lozoya es una blanca
paloma, no. Lo único que estoy diciendo es que esto huele más a un tema
político que a un tema legal", aseguró.
Por todo ello es que el abogado y su cliente presentarán un recurso de nulidad.
Aunque la inhabilitación es un hecho significativo para el nuevo
Gobierno, este jueves, López Obrador, preguntado por la prensa sobre el
tema, lanzó una evasiva y aseguró que hablaría del caso este viernes.
"Mañana hablamos de eso, es lo que ya está difundido, ya informó la
Secretaría de Función Pública y si hace falta mañana hablamos más de ese
tema", dijo eludiendo el tema con tranquilidad.
El
analista político Salvador García Soto dijo este jueves que "el
caso de Lozoya es un primer caso que podría indicar que se irá a por
otros personajes del Gobierno anterior o de otros gobiernos".
Sería también el inicio de una muestra de firmeza y compromiso por
parte de López Obrador con su discurso más repetido: acabar con la
corrupción y la impunidad.
Hasta ahora este es el
primer alto cargo inhabilitado, aunque los motivos, según consideró
García Soto, son apenas un "resquicio" de los distintos casos en los que
podría estar implicado Lozoya, también investigado por el caso
Odebrecht.
A inicios de mes, el fiscal general de la
república, Alejandro Gertz Manero, aseguró que en un plazo no mayor de
60 días se judicializará el caso Odebrecht, bajo la premisa de que "fue
una maquinación delictiva".
Sobre Lozoya, apuntó que
esta primera sanción tiene un componente simbólico por ser "un personaje
que era visto como intocable" por ser uno de los hombres más cercanos
del expresidente Peña Nieto.
"Hay incluso evidencias de que el sexenio pasado fue protegido por el presidente", aseguró.
García Soto, columnista del periódico "El Universal", también aseguró
que "primero tuvo la protección política del sexenio pasado, pero además
se ha rodeado de abogados hábiles que le han ido librando de las
investigaciones que se le abrieron en su momento".
Ulises Flores, profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (Flacso), dijo que "el Gobierno de López Obrador va a
buscar dar golpes de este tipo, a fin de seguir en la línea de combate a
la corrupción".
Según señaló el miércoles la SFP,
desde que el 1 de diciembre de 2018 entrase en vigor el Gobierno de
López Obrador se han iniciado más de 6.200 procedimientos de
responsabilidades administrativas y se han impuesto casi 400
inhabilitaciones a funcionarios de nivel operativo, incluidos directores
generales.
Además, se han aplicado 112 sanciones
económicas que suman un monto superior a 656 millones de pesos (unos
34,5 millones de dólares).
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