LUXEMBURGO.- El Tribunal General de la Unión
Europea desestimó este jueves el recurso de indemnización presentado
contra el Banco Central Europeo (BCE) por inversores privados que
sufrieron pérdidas a causa de la reestructuración de la deuda pública
griega que tuvo lugar en 2012.
Según los jueces
europeos, "dicha reestructuración no constituía ninguna vulneración
desmesurada e intolerable del derecho de propiedad de los referidos
inversores, incluso a pesar de que estos no hubiesen dado su conformidad
a esa medida".
El caso se refiere a un litigio iniciado por algunos
inversores contra el BCE como consecuencia de la reestructuración de la
deuda pública griega tras el estallido de la crisis en octubre de 2009, y
con el fin de retornar a una situación financiera viable.
Para ello, Grecia emprendió negociaciones con los inversores privados
poseedores de títulos de deuda emitidos o garantizados por el Estado
griego con el fin de llevar a cabo un canje de estos títulos por nuevos
títulos de deuda.
El 2 de febrero de 2012 Grecia
solicitó al Banco Central Europeo un dictamen sobre un proyecto de ley
relativo a las condiciones de reducción del importe de la deuda pública
griega e indicó que deseaba ampliar los efectos de un eventual acuerdo
con algunos acreedores sobre un canje de títulos a los que no dieran su
conformidad a dicho acuerdo.
En su dictamen de 17 de febrero de 2012, el BCE no formuló ninguna objeción contra la ley griega en trámite.
Tras la aprobación de la ley controvertida, los acreedores que poseían
la gran mayoría de los títulos de deuda aceptaron el canje de títulos de
deuda propuesto por Grecia y los acreedores que no habían dado su
conformidad a ese canje se vieron obligados a participar en él.
Ante esta situación, algunos acreedores presentaron un recurso de
indemnización contra el BCE ante el Tribunal General de la Unión Europea
para obtener la restitución de las pérdidas financieras que afirmaban
haber sufrido debido a que, a su entender, el BCE no había advertido a
Grecia sobre el carácter ilegal de la reestructuración de la deuda
pública griega proyectada.
Contra las resoluciones
del Tribunal General puede interponerse un recurso de casación ante el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, limitado a las cuestiones de
Derecho, en un plazo de dos meses a partir de la notificación de la
resolución.
No hay comentarios:
Publicar un comentario