BRUSELAS.- La Comisión Europea (CE) propuso este
miércoles formalmente cerrar el procedimiento por déficit excesivo en
que está España desde 2009 tras comprobar que el país consiguió en 2018
llevar su desvío por debajo del umbral máximo del 3 % del PIB que marcan
las normas comunitarias.
"La Comisión recomienda que
el procedimiento por déficit excesivo a España sea cerrado. Una vez que
el Consejo (los países) adopte esta decisión, todos los procedimientos
por exceso de déficit que datan de la crisis quedarán cerrados", informó
el Ejecutivo comunitario al presentar sus recomendaciones de política
económica para cada país.
España logró cerrar 2018 con un déficit público del 2,5 %
de su PIB, tres décimas por encima del objetivo del 2,2 % marcado por
Bruselas para ese ejercicio pero suficiente para abandonar este
procedimiento, que durante la crisis se abrió a la mayoría de Estados de
la Unión Europea pero ya solo está activo para España.
Para
que el cierre sea efectivo, los Estados miembros deben dar su visto
bueno, lo que podría ocurrir en la reunión de ministros de Economía y
Finanzas del próximo 14 de junio.
El comisario europeo
de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, ya había anunciado a
principios de mayo que el Ejecutivo comunitario estaba en condiciones de
solicitar dar carpetazo al expediente, pero la petición formal no se ha
producido hasta hoy.
La Comisión abrió el
procedimiento por déficit excesivo a España en 2009, con el Gobierno de
José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), después de que el país pasase de
registrar un superávit del 1,9 % del PIB en 2007 a tener un déficit del
4,4 % en 2008.
El déficit público se disparó en 2009
hasta el 11 %, el máximo alcanzado durante la crisis, para bajar al 9,4 %
en 2010 y repuntar al 9,6 % en 2011 y al 10,5 % en 2012. Desde entonces
se ha estrechado progresivamente, aunque a menor ritmo del que exigía
Bruselas.
De hecho, España solicitó cuatro prórrogas
para cumplir con los objetivos marcados por la Comisión, una con el
Gobierno de Zapatero y tres más con el posterior de Mariano Rajoy (PP).
El
momento más crítico del procedimiento se vivió en 2016, cuando la
Comisión propuso multar y congelar fondos comunitarios a España, así
como a Portugal, por no haber tomado medidas suficientes para corregir
el desvío en sus cuentas públicas.
Al final Bruselas
evitó imponer estas multas -unos 2.000 millones de euros en el caso
español- argumentando que podría socavar la recuperación económica y
concedió la cuarta y última prórroga al Gobierno, hasta 2018.
Una
década después de su apertura, España saldrá del brazo correctivo del
procedimiento por déficit excesivo este año, pero no se librará de la
vigilancia de Bruselas. El país pasará a estar bajo el denominado brazo
preventivo, que se centra en evitar que el déficit vuelva a descarrilar.
La
Comisión pondrá ahora la lupa en la rebaja del déficit estructural -no
ligado al ciclo económico- y vigilará más la reducción de la deuda, que
supera el 97 % del PIB, y el gasto público.
"España
debe seguir centrándose en unas finanzas públicas sólidas, precisamente
para evitar problemas en el futuro", dijo el vicepresidente de la CE
para el Euro, Valdis Dombrovskis, en una rueda de prensa.
"Desde
2019 España estará en el brazo preventivo, lo que significa que
miraremos la evolución de la deuda y el cumplimiento del esfuerzo
estructural requerido del 0,65 % del PIB este año y el próximo", añadió.
Bruselas
prevé que el déficit nominal español baje al 2,3 % este año y al 2 % el
próximo, pero calcula que el estructural (2,7 % en 2018) aumentará al
2,9 % y 3,2 %, respectivamente.
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