PHNON PENH.- La ONG defensora de los derechos
humanos Human Rights Watch (HRW) pidió hoy a la Unión Europea (UE) que
presione a las autoridades de Camboya para que frenen el acoso judicial y
policial a los opositores.
En un comunicado, HRW
indicó que una delegación de la UE llegó hoy a Camboya para evaluar la
situación de los derechos humanos y laborales, lo que puede afectar a
las ventajas que tiene el país como socio comercial preferencial del
bloque europeo por ser una nación en desarrollo.
Según la ONG, al menos 147 exmiembros y simpatizantes del
Partido para el Rescate Nacional de Camboya (PRNC), la principal
formación opositora disuelta por las autoridades en 2017, han sido
llamados a declarar por la Policía y los tribunales de forma
"arbitraria".
"Ha pasado más de un año desde que el
politizado Tribunal Supremo convirtió efectivamente a Camboya en un
Estado de partido único, pero el Gobierno aún acosa a los antiguos
miembros del partido opositor con interrogatorios y llamamientos
judiciales", dijo Brad Adams, director de HRW para Asia.
"La
UE y otros países donantes de Camboya deberían exigir al Gobierno de
Hun Sen que libere inmediatamente a todos los miembros opositores
detenidos arbitrariamente y restaurar el PRNC como un partido político",
añadió.
Además del acoso policial y judicial, HRW
pidió una investigación de la muerte de Tith Rorn, un activista de PRNC
que falleció bajo custodia policial ante la sospecha de que pudo haber
sido maltratado.
El pasado 11 de febrero, la Comisión
Europea (CE) anunció que había iniciado un periodo de "seguimiento
intensivo y de compromiso" con las autoridades de Camboya para revisar
si deben retirarse al país las ventajas de acceso preferencial al
mercado europeo de las que disfruta ahora por ser un país en desarrollo.
Camboya
se beneficia en la actualidad del régimen comercial conocido como "todo
menos armas", que permite a los países en desarrollo vulnerables pagar
menos o ningún arancel sobre sus exportaciones a la UE de todos los
productos salvo armas y munición de forma unilateral, unas preferencias
condicionadas al respeto de los derechos humanos y laborales.
El
inicio formal de este procedimiento, que recibió el visto bueno de los
Estados miembros de la UE a finales de enero, no supone la retirada
inmediata de Camboya del sistema, sino que inicia un periodo de doce
meses en el que se producirá, en primer lugar, un "seguimiento intensivo
y compromiso con las autoridades camboyanas".
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