PUERTO PRÍNCIPE.- Haití, el país más pobre de América,
lleva casi un año sumergido en una crisis política y económica que ha
empujado a miles de personas a las calles para reclamar cambios, muchos
de los cuales pasan por la eliminación de los subsidios a los
combustibles, un eterno debate en esta nación.
Solo en
el año fiscal octubre de 2018-junio de 2019 el Gobierno, agobiado por
una profunda crisis económica y de credibilidad, ha destinado 35.000
millones de gourdes (376 millones de dólares) en subsidios a los
combustibles, según datos oficiales, recursos que podrían destinarse a
mejorar, por ejemplo, los deprimidos servicios de salud y educación.
Ahora mismo la Administración de Jovenel Moise, quien
asumió el cargo en febrero de 2017, tiene dificultades hasta para pagar a
los empleados públicos, lo que podría aumentar aún más el descontento
social, en medio de un agravamiento de la crisis debido a la galopante
inflación, una fuerte depreciación del gourde y a la escasez de
combustibles.
Todo esto, además, ha aumentado el
déficit energético, agravado por los recortes del combustible
subvencionado que por años suministró Venezuela a varios países
caribeños, entre ellos Haití, en el marco del acuerdo Petrocaribe, que
se ha visto igualmente afectado por la acuciante crisis en el país
suramericano.
Paralelamente, el acuerdo Petrocaribe es
objeto de una investigación en Haití por presuntos actos de corrupción,
en el que están involucrados, de acuerdo con una auditoría del Tribunal
de Cuentas, 15 exministros y funcionarios, así como una empresa que
dirigía Moise antes de llegar a la Presidencia.
"Los
subsidios estatales al petróleo han causado pérdidas financieras
sustanciales para el Gobierno", dijo en declaraciones a Efe el
economista Kesner Pharel, quien señaló, además, que la nación atraviesa
por dificultades para honrar la deudas con las compañías petroleras.
Los
subsidios "están ejerciendo presión sobre el mercado cambiario local y
manteniendo presiones inflacionarias", apuntó Pharel, quien subrayó que
la tasa de inflación alcanzó el 18 % interanual en abril pasado debido a
la débil producción interna y al déficit presupuestario alimentado por
estas subvenciones.
Los organismos internacionales
llevan años pidiendo a Haití que elimine de forma gradual los subsidios,
unas de las causas del déficit presupuestario de esta nación, que no ha
logrado aprobar el presupuesto de este año por divergencias políticas
en esta nación, donde más de la mitad de los 10 millones de habitantes
sobrevive con menos de 2 dólares diarios.
Las
proyecciones económicas para esta nación no son nada halagüeñas. Datos
de organismos internacionales indican que este año crecerá el 2 %,
aunque podría descender dada la actual crisis.
La
situación "aumentará las tensiones sociales y agravará la crisis
política", señaló Pharel, quien subrayó que la crisis política tiene
serias repercusiones en la economía nacional porque todos los sectores
económicos se ven afectados, entre ellos el de servicios, el que más
contribuye al producto interno bruto (PIB).
La actual
crisis se remonta a julio de 2018, cuando haitianos enardecidos ocuparon
varias ciudades en rechazo a un aumento de los combustibles, incremento
que el Gobierno dejó sin efecto posteriormente por los disturbios, que
provocaron una cantidad aún no determinada de muertos.
El
alza de los combustibles fue una de las sugerencias del Fondo Monetario
Internacional (FMI) como parte de un programa de ajustes firmado meses
antes entre el Gobierno y el organismo crediticio, quien posteriormente
sugirió a Haití un plan de reforma revisado que incluya una reducción
gradual de los subsidios a los combustibles, ya que, a su juicio, estas
ayudas benefician de manera desproporcionada a los más adinerados.
La
eliminación de los subsidios permitiría al Gobierno liberar fondos para
financiar proyectos a favor de los más desposeídos, de acuerdo con el
FMI.
Esto crea un dilema para Moise, ya que la mayoría
de sus compatriotas solo pueden acceder a los combustibles y a la
electricidad por los subsidios, y eliminarlos, quizá, representaría un
costo político que el mandatario no quiere correr, en una coyuntura de
protestas cada vez más violentas para que dimita por la falta de
respuesta a la crisis y a la presunta corrupción.
De
hecho, las violentas manifestaciones de julio pasado obligaron a
renunciar al entonces primer ministro, Jack Guy Lafontant, quien fue
sustituido por Jean Henry Ceant, quien en marzo de este año y tras seis
meses en el cargo salió del Ejecutivo tras una moción de censura por
parte de los diputados por la falta de respuesta efectiva a la crisis
que golpea a la deprimida nación.
Moise, por su lado, sigue resistiendo e insistiendo en un diálogo al que la oposición se niega.
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