NUEVA YORK.- La Alta Comisionada de la
ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció el viernes
la "erosión del Estado de derecho" en Venezuela, advirtiendo también una
vez más que las sanciones internacionales agravan la crisis en el país.
Bachelet,
que presentó su informe sobre Venezuela que da cuenta del asesinato de
miles de personas por parte de las fuerzas de seguridad, afirmó que el
ejercicio de las libertades y los derechos fundamentales, como la
libertad de expresión, comporta en este país "un riesgo de represalias y
de represión".
"Las principales instituciones y el Estado de derecho en
Venezuela han sido erosionados", dijo en el Consejo de Derechos Humanos
de la ONU Bachelet, que viajó a Venezuela del 19 al 21 de junio.
Aún
siendo muy crítica con Caracas, la Alta Comisionada estimó sin embargo
que se tenía que "dar una oportunidad" al gobierno para poder hacer
reformas, sin fijar una "fecha límite".
Destacó un "nuevo
compromiso" de Caracas después de la liberación de 62 detenidos hace
unos días tras su visita y "ayer otros 22 --entre ellos el periodista
Braulio Jatar y la jueza Lourdes Afiuni".
El gobierno también
aceptó la presencia de dos delegados de la ONU de derechos humanos y el
envío de 10 relatores especiales en los dos próximos años.
Caracas
se comprometió además a suministrar a la ONU un "acceso total a todos
los centros de detención", indicó la Alta Comisionada.
Bachelet
aseguró, ante la prensa, que iba a seguir cooperando con Caracas, pero
advirtió que el "Estado tiene la responsabilidad principal de garantizar
los derechos humanos".
El informe de la ONU, publicado la
víspera, fue inmediatamente denunciado por Caracas como un documento
lleno de "errores".
El viceministro de Relaciones Exteriores venezolano,
William Castillo, presente en la ONU el viernes, exigió la "corrección"
del documento.
El informe indica que desde 2018, cerca de 7.000
personas fueron asesinadas en casos supuestamente de "resistencia a la
autoridad", según el gobierno, durante operaciones de seguridad.
Esta
cifra es "extremadamente elevada", según Bachelet, quien denunció las
amenazas, torturas, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas
que sufren opositores y defensores de los derechos humanos.
En
el documento, Bachelet pide a Caracas "disolver las FAES", un cuerpo de
élite de la policía nacional creado en 2017, y el establecimiento de un
"mecanismo nacional imparcial e independiente, con el apoyo de la
comunidad internacional, para investigar las ejecuciones extrajudiciales
efectuadas durante las operaciones de seguridad".
Ante el Consejo
de Derechos Humanos, William Castillo reconoció las "debilidades" del
sistema judicial de su país y que las instituciones policiales habían
cometido "desviaciones puntuales".
Pero Caracas "rechaza
categóricamente (la acusación de) criminalización de los cuerpos de
seguridad y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana", agregó.
También
defendió la acción del gobierno ante los "serios riesgos" para la
seguridad nacional a los que se enfrenta Venezuela, como "planes de
golpe de Estado" y amenazas de una "intervención militar extranjera"
lanzadas por el presidente estadounidense Donald Trump.
Venezuela
atraviesa una profunda crisis política con el pulso entre el presidente
Nicolás Maduro y el opositor Juan Guaidó, jefe del Parlamento
autoproclamado presidente interino y reconocido por unos 50 países.
El
país sufre además una severa crisis económica, recrudecida por un
embargo petrolero y sanciones financieras de Estados Unidos para tratar
de deponer a Maduro.
De acuerdo con Naciones Unidas, más de siete
millones de venezolanos, es decir un cuarto de la población, requieren
ayuda humanitaria urgente.
Bachelet ha criticado en múltiples ocasiones las sanciones contra Venezuela, apuntando especialmente a Estados Unidos.
El
viernes, reiteró que las "últimas sanciones económicas agravan todavía
más" la situación en el país, "teniendo en cuenta que la mayoría de los
ingresos en divisas del país provienen de las exportaciones de petróleo,
muchas de las cuales están vinculadas al mercado estadounidense".
"Los
efectos de estas sanciones parecen afectar a la capacidad del Estado
para suministrar servicios de salud de base a la población", insistió.
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