QUITO.-
El subsecretario de Calidad Ambiental en la Minería de Ecuador, Carlos
Velasco, afirmó este jueves que el país se encuentra inmerso en un "boom
minero" y que el Ejecutivo lucha para poner coto a la actividad ilegal y
resguardar el entorno.
"Estamos
en un boom minero, esa es una realidad que está en el país, que es
latente y como Ministerio del Ambiente nosotros siempre precautelaremos
los derechos de la naturaleza", indicó el alto funcionario ambiental.
Sus
declaraciones se producen en momentos en que las fuerzas de seguridad
coordinan un operativo contra la minería ilegal en el norte andino del
país, en donde han sido desalojadas cerca de 1.200 personas de la
considerada como la mina de oro más grande de Latinoamérica.
A
finales de 2017 se difundió la existencia de este yacimiento aurífero
en la parroquia La Merced de Buenos Aires, en la provincia de Imbabura
(norte), y mineros de todos el país acudieron en masa, duplicando y
hasta triplicando una población local dedicada al sector agrícola y
ganadero.
El
caso de Imbabura es uno de los más elocuentes del último año, aunque
abundan otros similares por todo el país, y ha llevado a la declaración
del estado de excepción en la comarca a fin de permitir la continuación
del operativo y que los desalojados no regresen a la explotación.
Velasco
indicó que lo sucedido en esa mina "es un problema social que tiene que
ser visto también desde lo ambiental", y precisó que su ministerio
interviene en los procesos de regularización ambiental de la actividad
así como en los de control.
"Hoy
no estamos en tiempo de decir si queremos o no minería, estamos ya con
la minería en el país y hay que afrontarla de la mejor manera y aunar
esfuerzos de todos los ministerios para que estos problemas sociales no
ahonden más", recalcó.
Hace
unos años, Ecuador tipificó la actividad ilegal como un delito que
soslaya los recursos del Estado y desde entonces ha tomado medidas para
prevenirla, con operaciones periódicas de los organismos de seguridad.
Ecuador
trata de fomentar la minería como motor de desarrollo nacional y espera
que su contribución al PIB salte del 1,25 por ciento en 2017 a más del 4
por ciento en 2021. En 2018, su aporte fue del 1,6.
Los
productos mineros representaron más del 50 por ciento de las
inversiones de 2018, lo que supuso 742 millones de aporte, según el
Ministerio de Finanzas.
El
alto funcionario de Ambiente insistió en que lo importante es que los
proyectos mineros y petroleros sean regularizados y transparentes.
"Cuando
lo pones en la palestra del Estado, se le pueden cobrar impuestos a la
empresa, pedir regalías, hacer contratos que sean beneficiosos para el
país, una forma de conjugar la minería responsable es formalizar",
indicó.
Un
segundo aspecto fundamental para combatir esta actividad soterrada del
marco legal es que las empresas se sometan a las leyes ambientales
ecuatorianas y "den un paso más allá y sean proyectos socialmente
justos, técnicamente amigables con el ambiente y protejan especialmente a
las poblaciones que están en el área de influencia".
Por
otro lado, dio a conocer que su Cartera se haya embarcada en la
elaboración de un Mapa Minero Ambiental, donde queden plasmados los
proyectos mineros y quede constancia del cumplimiento de la legislación
que impide la actividad en el sistema nacional de áreas protegidas y
núcleos urbanos.
"Está
en preparación en este momento y como siempre ha sido nuestra política,
transparentaremos ese mapa para que lo conozca la ciudadanía, las
organizaciones y vean cuáles serán los sitios donde el Ministerio de
Minería podrá dar sus concesiones mineras", indicó.
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