CARACAS.- Las operaciones financieras más exitosas de Venezuela en los últimos
años no se han llevado a cabo en oficinas de Wall Street, sino en las
caóticas minas de oro del sur de esa nación.
Sumidos en la peor crisis económica de la historia moderna
venezolana, un ejército de 300.000 buscadores de fortuna se ha
trasladado a la selva, que guarda en sus entrañas la mayor reserva de
metales preciosos del país, para ganarse la vida removiendo la tierra.
Con
picos y palas ayudan a financiar al gobierno de Nicolás Maduro, que
desde 2016 ha comprado 17 toneladas de oro, valoradas en 650 millones de
dólares, según los datos más recientes del Banco Central de Venezuela
(BCV) a mayo.
El esfuerzo de los mineros artesanales, como
los define el gobierno, se ha traducido en vitales divisas para que la
gestión del presidente Maduro financie importaciones de alimentos y
productos básicos que escasean en Venezuela, aunque ellos reciban su
pago en la deprimida moneda local.
Pero Estados Unidos está dispuesto a detener ese comercio de oro a fuerza de sanciones e intimidación.
La
Casa Blanca presiona incluso al Banco de Inglaterra para que no libere
unos 1.200 millones de dólares en lingotes de oro que Venezuela mantiene
en sus bóvedas.
Funcionarios de Estados Unidos criticaron
recientemente a una firma de inversión con sede en Abu Dabi por comprar
oro venezolano, y advirtieron a otros operadores extranjeros de
abstenerse de negociar más barras con Maduro.
Un envío de oro
desde Venezuela a Emiratos Árabes Unidos se canceló hace unos días. Noor
Capital, una firma de ese país, dijo que no tenía previsto hacer nuevas
compras, tras haber adquirido tres toneladas de lingotes en Caracas el
21 de enero.
Aunque la política de compras de oro de Maduro es bien conocida, hasta ahora no quedaba claro cómo se ejecuta.
Reuters
rastreó el camino que sigue el oro desde las polvorientas minas del sur
hasta las bóvedas del banco central en Caracas, para más tarde ser
enviado a refinerías en el extranjero a cambio de alimentos, según más
de 30 personas que conocen o están involucradas en la operación,
incluidos mineros, intermediarios, comerciantes, investigadores,
diplomáticos y funcionarios.
Casi todas las fuentes pidieron
hablar bajo anonimato porque no están autorizadas a divulgar estos
temas, o por temor a represalias de autoridades venezolanas o
estadounidenses.
Sus relatos reflejan el retrato de un
experimento desesperado del gobierno socialista por obtener divisas a
corto plazo cuando el bombeo de crudo, la principal fuente de divisas de
la nación, está en mínimos y Maduro cuenta con cada vez menos margen de
maniobra bajo las nuevas sanciones de Estados Unidos.
Con un
sector minero formal casi extinguido tras la política de
nacionalizaciones, Maduro se apoya en los miles de mineros que trabajan
-la mayoría sin papeles- para extraer la riqueza mineral, una faena que
tampoco recibe inversión estatal alguna.
De esta manera, el
gobierno toma ventaja de la agotadora labor de los mineros como José
Aular, un adolescente que dice haber contraído malaria cinco veces en
una peligrosa mina cerca de la frontera de Venezuela con Brasil.
En
pantalones cortos y sin equipo de seguridad, Aular trabaja 12 horas
diarias cargando sacos de tierra que procesa en un precario molino donde
usa mercurio para amalgamar las partículas de oro, sin importar lo
tóxico que su método le resulta.
Los accidentes son comunes en
las zonas donde mueven las arenas o en las máquinas donde las procesan
para conseguir oro, según relatan los mineros. También los
enfrentamientos con armas de fuego y los maltratos.
“El
gobierno sabe todo lo que pasa en las minas y le conviene, porque al
final nuestro oro va a sus manos”, dijo Aular, de 18 años.
Maduro también se apoya en la
ayuda crucial del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, para concretar
su operación, un mandatario que como él desafía a la administración
Trump.
Venezuela
le vende la mayoría del oro a refinerías turcas y luego utiliza parte
de los ingresos para comprar bienes de consumo masivo, según relatan
personas con conocimiento directo de esas negociaciones.
Los
paquetes de pasta turca y leche en polvo ahora forman parte de las cajas
de alimentos que distribuye Maduro en su programa de subsidios. El
comercio entre ambas naciones se multiplicó ocho veces el año pasado.
Pero
el escrutinio sobre su esquema de ventas de oro se está intensificando a
medida que la crisis política de Venezuela llega a un punto de
ebullición.
En los últimos días, muchos países occidentales han
reconocido al líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó, como el
presidente legítimo de la nación sudamericana.
Al contar con
el respaldo de esos gobiernos, la oposición ha pedido a los compradores
de oro del extranjero que dejen de hacer negocios con Maduro, que
consideran que no tiene legitimidad en el cargo tras ganar unas
cuestionadas elecciones.
“Vamos a proteger nuestro oro”, dijo el diputado opositor Carlos Paparoni en una entrevista.
La
ruta del oro comienza en lugares como La Culebra, una zona de difícil
acceso a una hora de la población de El Callao, al sur del país. Aquí,
cientos de hombres trabajan la minería con precarias técnicas del siglo
XIX. En cuadrillas bajan asidos a una cuerda por huecos de 30 metros de
profundidad para llenar en sacos las arenas que luego transportan con
poleas y tornos.
La explotación en esta y otras áreas de la
selva afecta los frágiles ecosistemas forestales y facilita la
propagación de mosquitos que transmiten enfermedades.
Los
mineros además se quejan de la persecución de las fuerzas militares y de
las mafias que controlan la zona, donde se registra una tasa de
homicidios siete veces mayor al promedio nacional.
Aún así José Rondón, un minero de 47 años, se
siente más seguro en su campamento minero. Llegó en 2016 desde la ciudad
de San Félix, a unas seis horas de allí, con sus dos hijos adultos,
cuando el salario como conductor de autobús no le alcanzaba para
sobrevivir bajo la voraz inflación.
Los tres hombres obtienen
apenas unos 10 gramos de oro al mes, pese a las docenas de sacos que
extraen de la mina. Pero aún así ganan casi 20 veces más que antes.
“Aquí uno saca mucho más”, dijo Rondón, descansando en una hamaca que colgaba en un pequeño campamento sin paredes.
Los
mineros viajan a la población de El Callao para vender sus pepitas, la
mayoría a comerciantes sin licencia, que operan en diminutas tiendas
protegidas con alarmas y puertas de acero.
“El Estado, todo el
mundo está comprando oro, porque es lo que está dando”, dijo Jhony Díaz,
un mayorista de la ciudad industrial de Puerto Ordaz, a unos 171
kilómetros de El Callao. Exhibe una autorización del Banco Central, que
paga por adelantado las entregas de kilos de oro que hace cada tres días
de las piezas que compró entre los agentes que viajan del sur.
Los
comerciantes que le venden a Díaz suelen contar con dinero en efectivo
para operar en El Callao y otros poblados que viven de la fiebre del
oro, pues así le pagan a los mineros, que necesitan los billetes para
comprar alimentos y suministros en esas zonas y enviar lo que les queda a
sus familias.
El gobierno de Maduro logra adquirir el oro a
través de intermediarios porque ofrece un precio por encima del mercado,
la única forma de competir con los contrabandistas que sacan del país
buena parte de los metales preciosos.
Y
como la moneda de Venezuela vale menos cada día, las autoridades al
pagar en bolívares, aceptan usar como referencia la tasa de cambio más
ventajosa, que por años ha sido la del mercado negro, ignorando así el
severo control de cambios que imponen al resto de la economía.
Las
piezas compradas por el gobierno se funden en los hornos de Minerven,
la empresa minera estatal, según un empleado de alto rango. Luego las
barras se transportan a las bóvedas del Banco Central de Venezuela en la
capital, Caracas, a 843 kilómetros de distancia desde la planta estatal
en El Callao.
Aún cuando las reservas de oro del Banco
Central se han desplomado a sus niveles más bajos en 75 años, el
gobierno optó por vender todo el oro minero para pagar sus facturas y
también parte de sus lingotes de máxima pureza, según dos funcionarios
gubernamentales de alto rango.
El principal comprador del oro en estos días, según dijeron ambas fuentes, es Turquía.
El
plan de venta del oro de Maduro se aceleró a medida que mejoró el
vínculo con Erdogan en Turquía. Ambos líderes han sido criticados
internacionalmente por reprimir a la disidencia política y socavar
normas democráticas para concentrar el poder.
“Sobre el oro,
tenemos un modelo (...) que va muy bien, en el primer semestre vamos a
triplicar la producción”, dijo Maduro a periodistas esta semana. “Nos
sobran los compradores de oro”, agregó, sin mencionar a ninguno.
Una
orden ejecutiva del 1 de noviembre firmada por el presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, impide que personas y entidades de ese país
compren oro de Venezuela. Pero no se aplica a los extranjeros, y Ankara
le aseguró al Departamento del Tesoro que todo el comercio entre Turquía
y Venezuela se ha hecho al amparo del derecho internacional.
Venezuela
anunció en diciembre de 2016 un vuelo directo de Caracas a Estambul con
Turkish Airlines. La ruta sorprendió dada la baja demanda de viajeros
entre las dos distantes naciones y las decenas de cortes de vuelos de
otras aerolíneas.
Los datos de las aduanas muestran que esos
aviones llevan algo más que pasajeros. El día de año nuevo, en 2018,
desde Caracas el Banco Central despachó unos 36 millones de dólares en
oro a Estambul por vía aérea. Se produjo pocas semanas después de una
visita de Estado que hiciera Maduro a Turquía.
Los envíos del
año pasado sumaron 900 millones de dólares, equivalentes a unas 23
toneladas, según los datos del gobierno turco y los informes de aduanas.
El Banco Central ha estado vendiendo su oro minero
directamente a compañías y refinadores turcos, según dos altos
funcionarios venezolanos. Los ingresos van al estatal Banco Nacional de
Desarrollo de Venezuela, Bandes, para comprar productos de consumo
masivo en Turquía, dijeron las fuentes.
Entre los compradores
del metal está la Refinería de Oro en Estambul (IGR, según sus siglas
en inglés) y la firma Sardes Kiymetli Mandele, una comercializadora de
oro en ese país, según una persona que trabaja en la industria del oro
en Turquía, un diplomático en Caracas y los dos altos funcionarios
venezolanos.
La directora general de IGR, Aysan Esen, negó que la compañía haya estado involucrada en
cualquier negocio de oro con Venezuela. En otra respuesta por escrito
confirmó que se reunió con funcionarios venezolanos y turcos en Estambul
en abril para ofrecer sus opiniones sobre cómo cumplir con las normas
internacionales.
Esen dijo que le hizo saber al gobierno
turco que trabajar con Venezuela “no sería correcto para las
instituciones líderes o el Estado”.
En cuanto a Sardes Kiymetli Mandele, nadie en sus oficinas de Estambul respondió a las preguntas.
Meses
después que entró el oro a Turquía, productos que demoran 60 días en
llegar desde ese país empezaron a venderse en supermercados y las cajas
de alimentos que distribuye el gobierno de Maduro.
A principios
de diciembre, 54 contenedores de leche en polvo turca se descargaron en
el puerto de La Guaira, muy cerca de Caracas, según los registros
portuarios.
La
compañía con sede en Estambul que lo comercializó, Mulberry Proje
Yatirim, comparte una dirección con Marilyns Proje Yatirin, una empresa
que formó una firma mixta con la minera estatal de Venezuela el año
pasado, según documentos presentados en una gaceta del registro
comercial turco en septiembre.
Incluso
los críticos de Maduro reconocen que el plan de vender oro le resultó
un buen truco de alquimia: pagaron a mineros sin papeles en la
depreciada moneda local y a cambio obtuvieron metales preciosos que
vendieron a 10.000 kilómetros.
“El gobierno optó por sumergirse
en operaciones oscuras y mecanismos inusuales de intercambio comercial”,
dijo el economista y diputado opositor venezolano Ángel Alvarado. “Lo
hacen por la desesperación de mantenerse en el poder a toda costa”.