Cuando lleguen las elecciones generales de 2012, aun se estará discutiendo si hemos salido o no de la crisis económica, pronosticaba un periodista muy solvente, argumentando sobre la profundidad de la burbuja inmobiliaria española que ha estallado y sobre las consecuencias derivadas del modelo económico gestado en la última década, apoyado en la opacidad financiera y en políticas gubernamentales neoliberales.
“Lo que golpeó a España fue una combinación de sus propios excesos y los efectos de los activos financieros tóxicos foráneos”, afirmaba el semanario británico The Economist en su reportaje especial de Noviembre pasado. Y nos recordaba que cuando estalló la crisis crediticia en agosto de 2007 España bullía frenética levantando edificios con un número anual de viviendas superior al de Francia, Alemania e Italia; y a ese frenesí constructor contribuían las políticas de dinero barato tras la adopción del euro.
A lo que hemos de añadir la expansión del crédito y de la banca incentivada por la globalización financiera, que ha conducido al dominio de la economía real por las finanzas en un grado próximo al de Alemania, con el desmesurado endeudamiento de empresas y particulares; un rasgo acusado de la economía española y elemento clave de la actual crisis económica.
La apertura financiera a los centros offshore
Uno de los elementos que han llevado a la crisis de las bolsas, según los análisis críticos más solventes (Roubini) ha sido el llamado “sistema bancario en la sombra” (the Shadow Banking System) que comprende fondos especulativos o de alto riesgo (hedge funds) y “finanzas estructuradas” (conduits, CDS, SIVs ) con sus instrumentos artificiosos de nombres raros para la conversión de las deudas en activos financieros, pero excluidos de la contabilidad oficial de los bancos.
Toda una banca paralela ligada a la gran banca que mediante el endeudamiento desmesurado (apalancamiento) disemina riesgos creando una superabundancia de crédito, sin control ni supervisión de las autoridades, y apoyándose en filiales y sociedades instrumentales domiciliadas en los centros financieros offshore conocidos como paraísos fiscales, como revelan los rescates del Bear Stearns, Northen Rock Bank, Dexia, Fortis o los landebanken alemanes. Una creación artificial del crédito para la especulación financiera e inmobiliaria descontrolada en detrimento de las empresas productivas y de los ciudadanos.
Y esos mecanismos de la “banca en la sombra” han sido utilizados por la banca española globalizada vía filiales y sociedades en las Caimán, Jersey u otros centros offshore. Aunque, el 9 de Julio último, aprovechando las jornadas del VIII Encuentro Financiero Internacional organizadas por Caja Madrid, el Secretario General de la Asociación Española de Banca, Pedro Pablo Villasante, negaba que los bancos españoles hubieran utilizado las ventajas de la “banca en la sombra” argumentando que “el sistema bancario español era fuerte u resistente frente a un entorno económico difícil” porque carecía de ” inversiones en instrumentos tóxicos” y no tenía ” vehículos fuera del balance supervisado”; sosteniendo que en general era ajena al problema de las hipotecas subprimes generadas en los EEUU por ser una banca minorista de clientes (no de productos financieros) con una gestión eficiente.
Sin embargo, es un hecho que los valores llamados tóxicos, ligados a esas hipotecas estadounidenses sin garantías, también han llegado a España; aunque no hayan dado lugar a rescates bancarios con dinero de los contribuyentes como en el Reino Unido, Bélgica o Alemania. Y desde luego, nadie discute que nos han traído una recesión económica al pincharse la burbuja inmobiliaria generada por el dinero barato y por ese exceso de crédito de un sistema financiero globalizado e insuficientemente controlado.
Para muestra, la liquidación de la sucursal en Madrid del quebrado banco de inversiones Lehman Brothers, con el despido de sus empleados incluido su máximo ejecutivo, Luis de Guindos ex Secretario de Estado del gobierno Aznar. Otro afectado por esa misma bancarrota ha sido Bankinter del Grupo Santander, que colocó “bonos estructurados” a 980 clientes con inversiones superiores a los 50,000 euros y que no se enteraron que en el contrato se les advertía que podían perder el 100% de la inversión y ahora reclaman a Bankinter un arreglo, según la prensa (Cinco días, Madrid 23/10/2008) .
El hecho, por tanto, es que España ha estado sometida al riesgo de las hipotecas subprimes porque estamos en el “espacio financiero europeo”; que es como se define oficialmente la Unión, sin fronteras para el capital que entra y sale libremente y sin supervisión comunitaria para las operaciones bancarias y de bolsa que van más allá de las fronteras de cada Estado miembro. De ahí que en lugar de ofrecerles protección frente a la globalización, la UE crea serias vulnerabilidades para cada Estado miembro en materia financiera, tributaria y frente a la delincuencia económica, como hemos documentado en La Europa opaca de las finanzas (Icaria, 2008).
Más aún, respetando el paradigma neoliberal aún vigente, los planes europeos para el rescate y/o ayuda a los bancos no les requieren que eliminen las estructuras de “banca en la sombra” basadas en centros offshore que se mantienen intactas. Por lo que esas intervenciones de los gobiernos no han logrado restablecer la confianza en el funcionamiento del sistema bancario que era su propósito político declarado. Por tanto, son ocasiones perdidas para demostrar que es cierto que el combate contra los paraísos fiscales que a menudo proclama Nicolás Sarkozy y Fillon su primer ministro.
De la misma manera que el documento denunciando los paraísos fiscales que, según algunos medios de comunicación, llevaba el gobierno español a la cumbre de Washington, habría podido ir acompañado de alguna medida concreta, como la que le solicitó en 2005 Attac-España para que no sean reconocidas en nuestro país las sociedades registradas en paraísos fiscales donde carecen de actividad mercantil local. Y los recientes decretos y reglamentos que regulan el nuevo fondo multimillonario de apoyo y de avales a los bancos españoles tampoco incluyen ninguna disposición que exija, a quienes se beneficien de esa financiación pública extraordinaria, que supriman sus filiales en paraísos fiscales, donde la opacidad del offshore está garantizada.
El peso de los paraísos fiscales en las finanzas españolas
Las cifras oficiales de los flujos de fondos de España hacia los paraísos fiscales son significativas aunque incompletas y se registran como inversión bruta en el exterior en la información ofrecida por la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio, como hemos analizado en el citado libro; destacando las islas Caimán, Panamá, las isla Vírgenes británicas y demás jurisdicciones offshore catalogadas así por la legislación española.
Y más de la mitad de las empresas del IBEX 35 tienen sociedades o empresas participadas en países y territorios considerados paraísos fiscales, según registra El Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, una entidad que agrupa ONGs españolas y confederaciones sindicales. En un documento de 2008 titulado La responsabilidad social corporativa, que analiza las memorias anuales de las empresas del IBEX 35, se relacionan aquellas que disponen de filiales y sociedades en centros offshore; como Ferrovial, Repsol-YPF, Telefónica, Inditex o el Grupo Prisa; y los bancos BBVA, Popular, Banesto, Sabadell o Banco Santander. Y ya sabemos que el secretismo del offshore permite a esas sociedades instrumentales efectuar transacciones financieras opacas exentas de impuestos.
¿A cuanto alcanza la evasión y el fraude fiscal vía paraísos fiscales? Pues se ignora. Nunca la Comisión europea ha publicado un informe; ni el gobierno español parece interesado en conocer su alcance real. El dato de referencia ocasional es que la economía sumergida gira en torno al 20 % del PIB (1.1 billones $) que como se ha aireado sitúa a la economía española en el octavo lugar del mundo. Por lo que sí multiplicamos las dos cifras, tendremos como estimación que la economía oculta, la que no paga impuestos, gira en torno a los 220,000 millones de dólares anuales; casi toda esa cifra relacionada con la actividad de los países y territorios catalogados como paraísos fiscales.
Y es sabido que el descontrol de esas finanzas paralelas reduce seriamente los ingresos públicos, como reiteradamente ha denunciado la Asociación profesional de inspectores de Hacienda en sus documentos, porque los planes antifraude fiscal se centran exclusivamente en las rentas declaradas. Y las carencias de la política gubernamental limitan la actuación de inspectores y juzgados frente a la evasión fiscal y la delincuencia financiera. Así tenemos que el Banco de España, según informa el FMI, no ha conseguido alcanzar acuerdos de supervisión con el INAF (Institut Nacional Andorrà de Finances) “debido a las restricciones para el acceso de los supervisores de los bancos extranjeros a la información nominativa de los clientes de esos bancos”
(IMF Country Report Nº 07/69 Febrero 2007. Andorra: Assessment of Financial Sector Supervision and Regulation) Y Andorra, con la anuencia española, tiene suscritos acuerdos bilaterales con la UE que le permiten usar el euro y la entrada y salida libre de fondos más otros beneficios del Eurogrupo, a pesar de su negativa a ingresar en la Unión.
Otro ejemplo de la carencia de política gubernamental contra las finanzas opacas, se relaciona con la aplicación de la directiva europea de 2003 sobre la fiscalidad del ahorro particular. Ninguna información ha sido publicada sobre los resultados de los acuerdos bilaterales que España suscribió en Julio de 2005 con el Reino Unido, referidos a las islas Caimán, Anguila, Montserrat, Turcas y Caicos y Vírgenes Británicas; con Holanda, sobre las Antillas Holandesas y Aruba; y directamente con los gobiernos insulares de Man, Guernesey y Jersey.
Estos convenios obligan al intercambio de información tributaria con España o a la aplicación de una retención fiscal local sobre los pagos de intereses por depósitos bancarios, que se abonen a personas físicas titulares residentes en España. Aunque esa directiva excluye las sociedades instrumentales offshore y otras entidades ficticias inventadas en los centros offshore para la evasión fiscal en los demás países y el blanqueo de capitales.
La deficiente política antiblanqueo y contra la corrupción inmobiliaria
Actualmente, las noticias sobre la crisis están tapando la ausencia de una política gubernamental seria contra esa lacra de la corrupción municipal inmobiliaria y el blanqueo de capitales que llenan las páginas de los diarios. Porque España desconoce la tercera directiva antiblanqueo, igual que algunos otros socios europeos.
Precisamente por los reiterados escándalos financieros en los últimos años, en 2005 la Unión aprobó la nueva directiva europea relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo, aplicable en el Espacio Económico Europeo (por tanto, en Liechtenstein) y que apunta contra la disponibilidad de los paraísos fiscales extraterritoriales europeos, sin mencionarlos expresamente.
Pero esta tercera directiva antiblanqueo ha sido ignorada por los gobernantes que no han cumplido la obligación de su transposición a las legislaciones nacionales, que tendría que haberse producido antes del 15 de diciembre de 2007. Pero no se ha hecho; todo un escándalo europeo silenciado por los medios de comunicación, en particular los españoles.
Hasta el punto que, aunque con notable retraso, el pasado 5 de Junio, la Comisión Europea decidió incoar procedimientos de infracción contra España, Alemania, Francia y Portugal y hasta quince Estados miembros por no haber convertido en leyes esa tercera directiva. Y se trata de medidas para coartar la actividad de los centros offshore, como la obligatoriedad del intercambio comunitario de información sobre los paraísos fiscales offshore; la extensión de la normativa comunitaria a las filiales y sucursales extracomunitarias; la banca corresponsal; y las operaciones financieras sin la presencia física del cliente y con los proveedores de servicios a sociedades y fideicomisos. Para su aplicación tanto al sector financiero como al profesional, que deberían identificar y comprobar la identidad de su cliente, entre otras medidas.
Pero la presión soterrada de la banca y los operadores financieros, que se oponen entre bastidores a cualquier medida que implique un control sobre sus actividades, han empleado a fondo sus contactos con gobiernos, incluido el español, para retrasar su aplicación. Mientras la izquierda parlamentaria sigue sin enterarse que estas son hoy las cuestiones de gobierno que significan avanzar en el control político del poder financiero.
* Juan H. Vigueras es miembro del comité científico de ATTAC-España
