BRUSELAS.- La Comisión Europea presentó la pasada semana una propuesta de directiva para obligar a las administraciones públicas a pagar sus facturas en un plazo máximo de 30 días y, si no lo hacen, obligarles a abonar intereses "durante todo el periodo de impago" e, incluso, una sanción por valor del 5% de la factura total.
El objetivo de la propuesta es combatir la morosidad en la que incurren con "mucha frecuencia" las administraciones públicas en un momento de crisis en que el impago está abocando a la bancarrota a muchas Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes).
"No debemos seguir tolerando la morosidad de las administraciones públicas. La propuesta de hoy supone una importante contribución para superar la crisis económica, ayudando a evitar nuevas quiebras y favoreciendo la tesorería de las empresas europeas para reforzar su competitividad a largo plazo", declaró el vicepresidente de la Comisión Europea y comisario responsable de Empresa e Industria, Günter Verheugen, al presentar la propuesta de directiva.
El comisario criticó que el impago por parte de las administraciones públicas no sólo crea "daños políticos" sino que también generan "la pérdida de confianza" en su gestión, además de provocar con "mucha frecuencia" la bancarrota de empresas en un contexto de crisis económica y de falta de liquidez en los mercados.
"No hay ninguna disculpa", recalcó, sobre todo por el posible "efecto dominó" que representa el impago de la administración a una empresa. El comisario citó un reciente estudio realizado en Suiza que refleja que un retraso en los pagos superior a los 14 días "representa el 7% de todos los casos de insolvencia" de empresas.
El comisario, que subrayó su deseo de que la propuesta pueda ser aprobada por los Estados miembros y el Parlamento Europeo "antes de finales de este año" siguiendo "el procedimiento acelerado", cifró en 1.900 millones de euros el valor de los contratos impagados en el conjunto de la Unión Europea.
De ellos, 1.200 millones corresponden a impagos de las administraciones públicas y los otros 700 millones a impagos entre empresas. "Con mucha frecuencia los culpables son las administraciones públicas", reconoció.
Verheugen criticó que con "mucha frecuencia" estos impagos tienen como resultado la bancarrota de las empresas y aunque situó la media comunitaria para pagar las facturas en "65 días de media", el plazo en los Estados oscila desde 14 hasta 180 días, en el peor de los casos.
El comisario achacó el impago de contratos por las administraciones públicas a su "mala gestión, abuso de poder y mala fe". "Las Pequeñas y Medianas Empresas no pueden defenderse ante la mala administración pública" mientras que a los ciudadanos que no pagan enseguida, lamentó, "se les sanciona".
Aunque la normativa actual ya prevé el plazo objetivo de los 30 días, Verheugen explicó que las cláusulas de "libertad contractual" permiten actualmente ampliar los plazos de pagos. "Ahora será vinculante el plazo de 30 días", recalcó.
Por ello, el Ejecutivo comunitario propone que el pago de las facturas por parte de las administraciones públicas se haga en un plazo de 30 días una vez que llega la factura. "Sin excepción", subrayó. "A partir del día 31 se empezará a pagar intereses y costes de compensación a tanto alzado", explicó.
Por otro lado, los cambios propuestos mantienen la libertad de contrato en las relaciones entre empresas, pero en caso de morosidad éstas podrán reclamar intereses de demora y una compensación por los costes de cobro.
Asimismo, se endurecerán las normas sobre los contratos manifiestamente abusivos y será "ilegal" incluir cláusulas en el contrato que excluya la posibilidad de pagar intereses por impago, precisó el comisario.
Cualquier empresa que no pague en 30 días sus facturas tendrán que abonar "costes de compensación" de 40 euros para facturas de hasta 1.000 euros; 70 euros para facturas entre 1.000 y 10.000 euros y el 1% de la factura si ésta supera los 10.000 euros, precisaron fuentes comunitarias.
También deberán abonar intereses del 7%, "aunque los Estados miembros podrán aplicar un interés más alto", así como "un interés estatutario equivalente al tipo de interés oficial del Banco Central Europeo", agregaron las fuentes.
De acuerdo con las fuentes consultadas, estas cifras serán igualmente aplicadas en el caso de los impagos por parte de las administraciones públicas. Sin embargo, éstas estarán obligadas a "pagar una multa del 5% (de la factura total) si no pagan en 30 días", explicaron.
Verheugen advirtió de que el Ejecutivo comunitario podría abrir procedimientos de infracción contra los Estados miembros si no aplican "adecuadamente" la normativa propuesta porque el plazo de 30 días es "jurídicamente vinculante".
El comisario aseguró que la propuesta cuenta con el beneplácito de las asociaciones de PYMES y, además, recordó que algunos Estados miembros ya han adoptado medidas nacionales para combatir la morosidad en la administración pública. En este sentido, citó los casos de Portugal, que propuso que las administraciones públicas paguen sus contratos "de una sola vez" o Reino Unido, en el plazo de 10 días.
El comisario responsable de Empresa e Industria también presentó otra propuesta paralela para acelerar los pagos de las facturas de la Comisión Europea. "Las administraciones públicas tienen que dar buen ejemplo, incluida la Comisión", reconoció, al tiempo que precisó que el 20% de los pagos del Ejecutivo comunitario también se retrasan. "Queremos cambiar la situación", explicó.
El comisario adelantó que la propuesta exige que la Comisión Europea abone los pagos anticipados o iniciales para contribuir a financiar proyectos en los Estados miembros en un plazo de 20 días desde los actuales 30. "Ni uno más", recalcó.
En cambio, Bruselas tendrá un plazo de 30 días en lugar de los actuales 45 para abonar los pagos comerciales. "Sin ninguna excepción", explicó. Aunque sea un objetivo "ambicioso", el comisario consideró que se trata de una propuesta "viable".
