BRUSELAS.- La Comisión Europea adoptó este jueves dos reglamentos destinados a aumentar la seguridad del abastecimiento de gas en el mercado comunitario, el primero de los cuáles obligará a los Estados miembros a designar a una autoridad competente responsable de crear planes de acción preventivos y de emergencia para lidiar con mucha antelación con posibles nuevas disrupciones en el suministro en Europa, así como a colaborar entre ellos en caso de que un Estado miembro se vea afectado.
El presidente de la Comisión Europea, Jose Manuel Durao Barroso, reconoció este jueves que "Europa debe aprender las lecciones de crisis anteriores y velar por que nunca más pasen frío los ciudadanos europeos sin culpa alguna", aludiendo a la crisis del gas que enfrentó a principios de 2009 a Ucrania y Rusia, un conflicto bilateral que, sin embargo, acabó afectando seriamente al abastecimiento de varios Estados miembros.
Barroso recalcó que la seguridad energética será "una de las grandes prioridades" de los próximos años para la Unión y recordó que uno de los reglamentos adoptados hoy "obligaría a los Estados miembros a prepararse y a cooperar en el caso de nuevas disrupciones del suministro de gas".
El comisario de Energía, Andris Piebalgs, aseguró por su parte que todos los Estados miembros son conscientes de que la Unión necesita "normas comunes en materia de seguridad de abastecimiento de gas en toda la Unión Europea" después de la reciente crisis del gas. "Estas son las normas que proponemos hoy", aclaró.
Piebalgs destacó la necesidad de que Europa "hable con una sola voz" en caso de disrupciones futuras de gas, una posibilidad que reconoció como "potencial", al tiempo que subrayó su deseo de que los Veintisiete y el Parlamento Europeo lleguen en "primera lectura" a un acuerdo a principios de 2010 sobre los reglamentos para que entren en vigor "como máximo en cuatro años", tras un periodo de transición de tres años para dar tiempo a los Estados para trasponer las nuevas normas.
El primer reglamento insta a los Estados miembros a "designar una autoridad competente" encargada de elaborar "planes de emergencia" en base a evaluaciones de riesgo oportunas y deberán revisarse cada dos años. Éstos deberán prestar "especial atención" para garantizar el abastecimiento, entre otros, de escuelas, hospitales y hogares y, por otra parte, deberán garantizar "los instrumentos necesarios para confinar localmente" un problema de abastecimiento y contribuir a "coordinar" las acciones que adopten los Estados miembros a nivel nacional para hacer frente a una disrupción, explicó el comisario.
Asimismo, el reglamento "da poder a la Comisión para regular mecanismos de solidaridad interna" en la Unión con el objeto de obligar a los Estados miembros a colaborar estrechamente en caso de crisis para garantizar que en caso de un incidente de disrupción grave en un Estado miembro éste podrá utilizar las reservas de otro Estado, explicó Pibalgs.
El reglamento introduce además el indicador común conocido como N-1 para definir una disrupción grave en el abastecimiento de gas y que, en términos generales, suele referirse al cierre de un gasoducto o planta de producción importante para el abastecimiento si no las infraestructuras más importantes. La autoridad competente en cada Estado miembro será el responsable de que el Estado miembro cuenta con la infraestructura necesaria para garantizar el abastecimiento y la demanda totales en caso de disrupción.
Igualmente atribuye al Ejecutivo comunitario la capacidad para declarar "una situación de emergencia comunitaria" a petición de un Estado miembro concreto, así como en los supuestos en que se registren incidentes de abastecimiento "en uno o dos Estados" o si la Unión "pierde más del 10% del suministro de gas diario" contratado.
El reglamento, que también reforzará el papel del Grupo de Coordinación de Gas en el que están representados expertos de los Veintisiete y permitirá la creación de una Fuerza de Supervisión capaz de desplegarse dentro y fuera de la Unión para comprobar los niveles de flujos y suministros, también está destinado a mejorar el marco para la inversión en interconexiones transfronterizas, nuevos corredores de importación, así como infraestructura necesaria para aumentar la capacidad de almacenamiento.
El segundo reglamento adoptado hoy por Bruselas tiene por objetivo aumentar la transparencia sobre la evolución de proyectos de infraestructura energéticos, reforzando el intercambio de información entre Estados miembros relativa a las inversiones en infraestructuras energéticas.
Los proyectos incluyen no sólo nuevos gasoductos y oleoductos que deberán garantizar el abastecimiento en ambas direcciones salvo en el caso de algunas excepciones sino también inversiones para aumentar la capacidad de almacenamiento de carbono y en materia de transporte.
"La Comisión está interesada en supervisar si los proyectos de inversión se convertirán en realidad a tiempo para garantizar la demanda futura a la vez que satisfacemos nuestros objetivos energéticos y en materia de clima", explicó el comisario de Energía.
Piebalgs dejó hoy claro que se necesitan impulsar más interconexiones energéticas en la Unión con el objetivo de que los Estados miembros puedan garantizar su abastecimiento durante 60 días en caso de disrupciones de gas y reconoció que Lituania y Eslovenia son los países que más esfuerzos inversores deberán hacer en el futuro.
Sin embargo, Piebalgs rechazó que sea necesario obligar por ley a los Estados miembros a garantizar reservas para 60 días al considerar que hay otras opciones, incluida la diversificación de las rutas de aprovisionamiento para Europa. Sin embargo, Bruselas confía en que, a finales de marzo de 2014, los Estados miembros estén en condiciones de garantizar que su infraestructura energética es suficiente para hacer frente a una disrupción en el abastecimiento de hasta 60 días.
Aunque recordó que la Comisión Europea ya se ha comprometido a apoyar con 1.400 millones de euros de presupuesto comunitario para financiar proyectos de infraestructura energética en varios Estados miembros más vulnerables en caso de posibles disrupciones a través de su plan de recuperación económica, consideró que "la mayor parte" de la inversión deberá proceder de la propia industria.
El Ejecutivo comunitario calcula que se necesitarán invertir hasta un trillón de euros en conexiones y en capacidad de producción de aquí a 2030 y unos 150.000 millones de euros en redes de gas, sin incluir los gasoductos para importar gas de terceros países.
La Unión Europea importa el 60% del gas que consume. Todos los Estados miembros, salvo Malta y Chipre que no utilizan esta materia prima y Países Bajos Dinamarca que, por su parte, son los únicos que producen más de lo que consumen, se ven obligados a importar gas de terceros países. Rusia exporta el 42% del gas que consume la Unión, aunque ocho Estados miembros de Europa del Este importan hasta el 77% de Rusia.
Noruega exporta a la Unión el 24% del gas que consume, mientras que Argelia por su parte exporta a Europa el 18% y Nigeria el 5%.
Piebalgs aseguró que los reglamentos no tienen por objetivo "reducir el gas de Rusia" sino impedir nuevas disrupciones en el abastecimiento en la Unión y consideró que ante el "potencial" de que haya nuevas disrupciones en el futuro "la mayor parte" de los Estados miembros están "bien preparados" para hacerle frente. "Estamos bien preparados", recalcó.
