Según informó la denunciante, la Confederación Intersindical de
Cajas (CIC), en un comunicado, todos ellos son "presuntos autores de un
delito de prevaricación por omisión y como responsables de la nefasta
situación que atraviesan las entidades financieras en España".
A partir de ahora, Anticorrupción asignará a un fiscal para que se
encargue de estudiar la denuncia de CIC y comprobar si existen indicios
de delitos penales en los hechos denunciados.
Entre las pruebas aportadas por el sindicato se encuentra el
informe elaborado por la Asociación de Inspectores del Banco de España,
con fecha 25 de mayo de 2006, en el que se advertía al entonces ministro
de Economía, Pedro Solbes, de la existencia de "motivos suficientes
para la preocupación" por la exposición de los bancos al sector
inmobiliario y el riesgo de que los errores "acabaran siendo
transferidos a la sociedad en conjunto".
Además, CIC también ha aportado un informe elaborado por el Fondo
Monetario Internacional (FMI) en 2007 en el que también se advertía a
España de una posible 'burbuja inmobiliaria'.
El presidente de CIC, Gonzalo Postigo, apuntó que "existen
multitud de operaciones fallidas otorgadas sin ningún rigor técnico,
concedidas a empresas sin ingresos recurrentes, o con un capital social
despreciable para la cantidad que se concedía".
Postigo añadió que estos procedimientos siguieron un patrón de
comportamiento que ha terminado por anular los recursos propios de las
cajas de ahorros, "poniendo en grave riesgo todo el sistema financiero
español".
"Los 19.000 millones de euros del rescate del Gobierno a Bankia
son un ejemplo bastante relevante de la dimensión del problema y aunque
su presidente, José Ignacio Goirigolzarri, se empeñe en tapar y no
investigar qué ha ocurrido en Bankia, el sindicato exige que esto no sea
así", indicó Postigo.
Por último, CIC denunció la situación de bloqueo que se mantiene
sobre la comisión de investigación presentada en el Congreso por los
grupos parlamentarios La Izquierda Plural y el Grupo Mixto el pasado 16
de febrero, sobre las causas de la crisis financiera y el papel de las
entidades financieras, de los reguladores y supervisores y de las
entidades asociadas en la burbuja inmobiliaria.
Denuncia anterior
El abogado español Diego de Ramón presentó la primera denuncia contra el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, por presunto 'anormal funcionamiento de un servicio público', en la primera semana de febrero de 2011.
Denuncia anterior
El abogado español Diego de Ramón presentó la primera denuncia contra el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, por presunto 'anormal funcionamiento de un servicio público', en la primera semana de febrero de 2011.
Esta
denuncia se basaba entónces en un reciente informe del
Comité de Asuntos Económicos y Monetarios de la Comisión Europea,
concretamente el correspondiente al último trimestre de 2010, 'donde se
señalaba la responsabilidad del Banco de España en la actual crisis
financiera del país', en virtud de su labor de supervisor nacional y
delegado de supervisión del Banco Central Europeo.
El
escrito, no admitido todavía a trámite pero convertido 'de facto'
en una 'demanda civil con responsabilidad patrimonial', fue presentado a
reparto en los primeros días de febrero de 2010 en un juzgado de guardia de
Murcia por existir en esta ciudad una sucursal, abierta al público y
operativa, del Banco de España.
