MADRID.- El Gobierno español está ultimando un nuevo paquete de medidas
de ajuste con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las metas de
déficit público de 2012, aunque esperará para tomar una decisión firme
al resultado del Eurogrupo de la próxima semana, donde todo apunta a que
habrá una relajación en la senda marcada por Bruselas.
El tamaño del ajuste, aún por definir, podría ascender a
una cifra de hasta 30.000 millones de euros - un 3 por ciento del PIB -
según informó una fuente conocedora del pensamiento de algunos altos
miembros del Gobierno. No obstante, otras fuentes señalan que la cuantía
final podría ser considerablemente menor.
Tras haber cerrado 2011 con una cifra de déficit muy
lejana a los objetivos de Bruselas - un 8,9 por ciento, aún pendiente de
revisión por las cuentas de los ayuntamientos, frente al 6 por ciento
previsto-, el Ejecutivo confía en presentar a Bruselas un plan creíble
que permita que los socios europeos relajen la senda de reducción del
déficit público, dijeron dos fuentes conocedoras del asunto.
Se espera que la Unión Europea dé a España un año más,
hasta 2014, para reducir su déficit hasta el límite máximo del 3 por
ciento establecido en la normativa comunitaria. Para este año, el
objetivo de déficit español es de un 5,3 por ciento del PIB.
"La idea es recortar el coste de los funcionarios para
las arcas públicas, congelar las pensiones, meter también una bajada al
coste de las prestaciones por desempleo, cerrar las televisiones
públicas", dijo la fuente.
Sin embargo, dentro del Gobierno existe un fuerte
debate interno respecto a las partes políticamente más sensibles de un
ajuste de este tipo, como las pensiones o los funcionarios.
"No hay ninguna decisión tomada. Lo único que hay son
cálculos técnicos, cuánto se podría ahorrar con esto, cuánto se podría
ingresar con lo otro. Pero puede ser parte, todo o nada", dijo otra
fuente cercana a otros altos cargos del Ejecutivo.
Como viene siendo habitual en el Ejecutivo dirigido por
Mariano Rajoy, coexisten distintas ideas a la hora de las medidas
necesarias para solucionar la crisis y mejorar la economía. En un lado
se encontraría el ala más liberal del Ejecutivo - compuesta por los
ministros de Industria, José Manuel Soria, y el de Economía, Luis de
Guindos-; y en el otro extremo se sitúa el argumentario del ministro de
Hacienda, Cristóbal Montoro, más cercano a la sensibilidad del Partido
Popular.
"Hay gente que opina una cosa, luego hay gente que
opina otra, al final nunca se cierra el círculo hasta el final", dijo la
segunda fuente.
En todo caso, no parece probable que se conozcan las
nuevas medidas hasta que no se haya celebrado la reunión del Eurogrupo,
aunque desde el Gobierno alaban el cambio de rumbo tomado por Bruselas
durante la cumbre de la pasada semana.
"Toda vez que ni siquiera los escenarios del déficit de
Bruselas están cerrados, habrá que esperar al Eurogrupo de la próxima
semana. Europa ha demostrado voluntad de ayudar la semana pasada, ahora
España tiene que demostrar voluntad de ajuste, queremos ser los primeros
de la clase en Europa", dijo una de las fuentes.
Algunas de las medidas podrían reservarse para la
presentación los Presupuestos Generales del Estado de 2013, momento en
el que, según afirmó Montoro recientemente, está previsto que el
Gobierno ponga sobre la mesa un plan fiscal a 2014, en línea con lo que
piden Bruselas y el FMI.
El Consejo Europeo acordó la semana pasada varias
medidas de apoyo a España e Italia, entre ellas la posibilidad de que el
fondo de rescate europeo (MEDE) compre deuda soberana de países
europeos, que la ayuda europea a la banca española pueda realizarse de
manera directa para evitar aumentar la deuda pública española y que el
MEDE no tenga categoría preferente respecto a los tenedores de títulos
del Tesoro.
Los problemas del sector bancario español, muy dañado
por el estallido de la burbuja inmobiliaria, y las dificultades para
reducir el déficit con una economía en recesión son los motivos que han
situado a España en el punto de mira de la crisis de deuda europea.
En los últimos tiempos, tanto el Fondo Monetario
Internacional como la Comisión Europea han instado a España a acelerar
las reformas para poder cumplir con la meta de déficit, con medidas como
la eliminación de la desgravación por vivienda habitual y la rebaja del
sueldo a los funcionarios.
Hasta el momento, altos cargos del Gobierno han
reconocido públicamente que se estudia eliminar la desgravación
inmobiliaria e instaurar el conocido como 'céntimo verde', un impuesto
sobre los hidrocarburos, aunque también existe debate interno sobre si
dicha imposición debería utilizarse para pagar déficit público o para el
déficit del sector eléctrico.
Con todo, la aplicación de nuevos ajustes, ya sea vía
impuestos o recortes de gasto público, implica serios riesgos para una
economía en proceso de caída libre, según no pocos analistas. Tanto la
Comisión Europea como el FMI han dicho que España no debería apresurarse
a recortar el déficit en un país que atraviesa la segunda recesión en
tres años y sufre una tasa de paro del 24 por ciento.
En su último informe sobre España, el FMI recomienda
que se suavice el ritmo de consolidación fiscal, aunque al mismo tiempo
insta a bajar salarios públicos, subir el IVA cuanto antes, acelerar las
privatizaciones y eliminar la deducción por compra de vivienda.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dicho que
el Gobierno se dispone a "pisar el acelerador" de las reformas y
prepara nuevas medidas económicas "difíciles", en una intervención en la
que dijo que las comunidades autónomas -uno de los principales escollos
para reconducir el déficit - tienen que aumentar los esfuerzos
fiscales.
Hasta el momento el conjunto de las administraciones
públicas ha puesto en marcha ajustes por 48.500 millones de euros
(27.300 millones del Estado, 18.100 millones de las regiones y 3.060
millones de los ayuntamientos), incluyendo recortes impopulares en
Sanidad y Educación, así como el alza del IRPF (Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas) y una amnistía fiscal.
