Dentro
de dos meses, el 25 de mayo, los electores españoles elegirán a sus 54
diputados europeos. Es importante que, esta vez, a la hora de votar se
sepa con claridad lo que está en juego. Hasta ahora, por razones
históricas y psicológicas, la mayoría de los españoles –jubilosos de
ser, por fin, “europeos”– no se molestaban en leer los programas y
votaban a ciegas en las elecciones al Parlamento Europeo. La brutalidad
de la crisis y las despiadadas políticas de austeridad exigidas por la
Unión Europea (UE) les han obligado a abrir los ojos. Ahora saben que es
principalmente en Bruselas donde se decide su destino.
Entre los
temas que, en esta ocasión, habrá que seguir con mayor atención está el
Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión (ATCI) (1). Este
convenio se está negociando con la mayor discreción y sin ninguna
transparencia democrática entre la Unión Europea y Estados Unidos
(EEUU). Su objetivo es crear la mayor zona de libre comercio del
planeta, con cerca de 800 millones de consumidores, y que representará
casi la mitad del Producto Interior Bruto (PIB) mundial y un tercio del
comercio global.
La UE es la principal economía del mundo: sus quinientos millones de habitantes disponen, en promedio, de unos ingresos anuales per cápita
de 25.000 euros. Eso significa que la UE es el mayor mercado mundial y
el principal importador de bienes manufacturados y de servicios, dispone
del mayor volumen de inversión en el extranjero, y es el principal
receptor planetario de inversiones extranjeras. La UE es también el
primer inversor en EEUU, el segundo destino de las exportaciones de
bienes estadounidenses y el mayor mercado para las exportaciones
estadounidenses de servicios. La balanza comercial de bienes arroja,
para la UE, un superávit de 76.300 millones de euros; y la de servicios,
un déficit de 3.400 millones. La inversión directa de la UE en EEUU, y
viceversa, ronda los 1,2 billones de euros.
Washington y Bruselas
quisieran cerrar el tratado ATCI en menos de dos años, antes de que
finalice el mandato del presidente Barack Obama. ¿Por qué tanta prisa?
Porque, para Washington, este acuerdo tiene un carácter geoestratégico.
Constituye un arma decisiva frente a la irresistible subida en poderío
de China; y, más allá de China, de las demás potencias emergentes del
grupo de los BRICS (Brasil, Rusia, la India, Sudáfrica). Hay que
precisar que, entre los años 2000 y 2008, el comercio internacional de
China creció más de cuatro veces: sus exportaciones aumentaron un 474% y
las importaciones un 403%. ¿Consecuencia? Estados Unidos perdió su
liderato de primera potencia comercial del mundo que ostentaba desde
hacía un siglo... Antes de la crisis financiera global de 2008, EEUU era
el socio comercial más importante para 127 Estados del mundo; China
sólo lo era para 70 países. Ese balance se ha invertido. Hoy, China es
el socio comercial más importante para 124 Estados; mientras que EEUU
sólo lo es para 76.
¿Qué significa eso? Que Pekín, en un plazo
máximo de diez años, podría hacer de su moneda, el yuan (2), la otra
gran divisa de intercambio internacional (3), y amenazar la supremacía
del dólar. También está cada vez más claro que las exportaciones chinas
ya no sólo son productos de baja calidad a precios asequibles por su
mano de obra barata. El objetivo de Pekín es elevar el nivel tecnológico
de su producción (y de sus servicios) para ser mañana líder también en
sectores (informática, finanzas, aeronáutica, telefonía, ecología, etc.)
que EEUU y otras potencias tecnológicas occidentales pensaban poder
preservar. Por todas estas razones, y esencialmente para evitar que
China se convierta en la primera potencia mundial, Washington desea
blindar grandes zonas de libre cambio a las que los productos de Pekín
tendrían difícil acceso. En este mismo momento, EEUU está negociando,
con sus socios del Pacífico (4), un Acuerdo Transpacífico de Libre
Cambio (Trans-Pacific Partnership, TPP, en inglés), gemelo asiático del
Acuerdo Transatlántico (ATCI).
Aunque el ATCI empezó a gestarse
en los años 1990, Washington ha presionado para acelerar las cosas. Y
las negociaciones concretas se iniciaron inmediatamente después de que,
en el Parlamento Europeo, la derecha y la socialdemocracia aprobaran un
mandato para negociar (aceptado también, en España, en la proposición
presentada conjuntamente, en el Congreso de los Diputados, por el PP y
el PSOE...). Un informe, elaborado por el Grupo de Trabajo de Alto Nivel
sobre Empleo y Crecimiento, creado en noviembre de 2011 por la UE y
EEUU, recomendó el inicio inmediato de las negociaciones.
La
primera reunión tuvo lugar en julio de 2013 en Washington, seguida de
otras dos en octubre y diciembre (5). Y aunque las negociaciones están
actualmente suspendidas debido a desacuerdos en el seno de la mayoría
demócrata en el Senado de Estados Unidos (6), las dos partes están
decididas a firmar lo antes posible el ATCI. De todo esto, los grandes
medios de comunicación dominantes han hablado poco, con la esperanza de
que la opinión pública no tome conciencia de lo que está en juego, y de
que los burócratas de Bruselas puedan decidir sobre nuestras vidas con
toda tranquilidad y en plena opacidad democrática.
Mediante ese
acuerdo de marcado carácter neoliberal, EEUU y la UE desean eliminar
aranceles y abrir sus respectivos mercados a la inversión, los servicios
y la contratación pública, pero sobre todo intentan homogeneizar los
estándares, las normas y los requisitos para comercializar bienes y
servicios. Según los defensores de este proyecto librecambista, uno de
sus objetivos será “acercarse lo más posible a una eliminación total de
todos los aranceles del comercio transatlántico en bienes industriales y
agrícolas”. En cuanto a los servicios, la idea es “abrir el sector
servicios, como mínimo, tanto como se ha logrado en otros acuerdos
comerciales hasta la fecha” y expandirlo a otras áreas, como el
transporte. Sobre la inversión financiera, las dos partes aspiran a
“alcanzar los niveles más altos de liberalización y protección de las
inversiones”. Y sobre los contratos públicos, el acuerdo pretende que
las empresas privadas tengan acceso a todos los sectores de la economía
(incluso a las industrias de defensa), sin discriminación alguna.
Aunque
los medios de comunicación dominantes apoyan sin restricción este
acuerdo neoliberal, las críticas se han multiplicado sobre todo en el
seno de algunos partidos políticos (7), de numerosas ONG y de
organizaciones ecologistas o de defensa de los consumidores. Por
ejemplo, Pia Eberhardt, miembro de la ONG Corporate Europe Observatory,
denuncia que las negociaciones se han llevado a cabo sin transparencia
democrática y sin que las organizaciones civiles hayan tenido
conocimiento en detalle de lo que se ha acordado hasta ahora: “Hay
documentos internos de la Comisión Europea –declara la activista– que
indican que esta se reunió, en la fase más importante, exclusivamente
con empresarios y sus lobbys. No hubo un solo encuentro con
organizaciones ecologistas, con sindicatos, ni con organizaciones
protectoras del consumidor” (8). Eberhardt observa con inquietud una
posible disminución de las exigencias para la industria alimentaria. “El
peligro –comenta– lo conforman los alimentos no seguros importados de
EEUU que podrían contener más transgénicos, o los pollos desinfectados
con cloro, procedimiento prohibido en Europa”. Añade que la industria
agrícola-ganadera estadounidense exige la supresión de los obstáculos
europeos a ese tipo de exportaciones.
Otros críticos temen las
consecuencias del ATCI en materia de educación y de conocimiento
científico, pues podría extenderse a los derechos intelectuales. En este
sentido, Francia, para proteger su importante sector audiovisual, ya
impuso una “excepción cultural”. El ATCI no abarcará las industrias
culturales.
Varias organizaciones sindicales denuncian que, sin
ninguna duda, el Acuerdo Transatlántico ahondará en los recortes
sociales, en la reducción de los salarios, y destruirá empleo en varios
sectores industriales (electrónica, comunicación, equipos de transporte,
metalúrgica, papel, servicios a las empresas) y agrarios (ganadería,
agrocombustibles, azúcar).
Los ecologistas europeos y los
defensores del comercio justo explican además que el ATCI, al suprimir
el principio de precaución, podría facilitar la supresión de
regulaciones medioambientales o de seguridad alimentaria y sanitaria, a
la vez que puede suponer una merma de las libertades digitales. Algunas
ONG ambientalistas temen que se comience también a introducir en Europa
el fracking, o sea el uso de sustancias químicas peligrosas para los
acuíferos, con el fin de explotar el gas y el petróleo de esquisto (9).
Pero
uno de los principales peligros del ATCI es que incorpora un capítulo
sobre “protección de las inversiones”, lo que podría abrir las puertas a
demandas multimillonarias de empresas privadas en tribunales
internacionales de arbitraje (al servicio de las grandes corporaciones
multinacionales) contra los Estados por querer estos proteger el interés
público, lo cual puede suponer una “limitación de los beneficios de los
inversores extranjeros”. Aquí lo que está en juego es sencillamente la
soberanía de los Estados y el derecho de estos para llevar a cabo
políticas públicas en favor de sus ciudadanos. Para el ATCI, los
ciudadanos no existen; sólo hay consumidores, y estos pertenecen a las
empresas privadas que controlan los mercados.
El desafío es inmenso. Y la voluntad cívica de parar el ATCI no debe ser menor.
(1) En inglés, Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP).
(2) El valor del yuan está alineado sobre el del dólar estadounidense.
(3)
En abril de 2011, en el marco de la Cumbre de los BRICS en Sanya (isla
de Hainan, China), se firmó un acuerdo de cooperación financiera entre
las cinco potencias emergentes que prevé la apertura de líneas de
crédito en sus monedas nacionales respectivas, con el fin de reducir la
dependencia respecto al dólar. En 2008, ya Pekín había firmado este tipo
de acuerdo con Argentina.
(4) Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Corea del Sur, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.
(5) Por parte europea, el jefe de los negociadores de la UE es el español Ignacio García Bercero.
(6) Léase Le Figaro, París, 4 de octubre de 2013.
(7) Léase, por ejemplo, la resolución sobre el ATCI adoptada por Izquierda Unida: http://www.izquierda-unida.es/sites/default/files/doc/RESOLUCION_TLC_UE_EEUU_ConferenciaEuropa_Junio2013.pdf; Y la posición de Jean-Luc Mélenchon, líder del 'Parti de Gauche' francés: http://europe.jean-luc-melenchon.fr/sujet/grand-marche-transatlantique/
(8) Léase Deutsche Welle en español, 17 de febrero de 2013, http://www.dw.de/tratado-ee-uu-ue-libertades-recortadas/a-17438697
(9) Léase “A Brave New Transatlantic Partnership”, 4 de octubre de 2013, http://corporateeurope.org/trade/2013/10/brave-new-transatlantic-partnership-social-environmental-consequences-proposed-eu-us
