BRUSELAS.-
Reino Unido consiguió este martes una batería de concesiones para frenar su salida de la UE:
una suerte de enmienda a aquella “unión cada vez más estrecha” que una
vez funcionó como leitmotiv de Europa. La oferta final de Bruselas
concede al conservador David Cameron buena parte de lo que pedía, y
siempre en el sentido de rebajar las aspiraciones comunes. Pero sobre
todo otorga a Londres un “mecanismo de alerta” para limitar los derechos
de los trabajadores inmigrantes.
Los trabajadores
británicos podrán tener a partir de ahora más derechos que los
ciudadanos de la Unión que decidan buscar empleo en el Reino Unido:
Bruselas cedió a parte de las pretensiones de Londres, que ha
planteado un referéndum sobre la pertenencia a la UE.
La amenaza de Brexit ha funcionado contra unos socios debilitados por la sucesión de crisis que no cesan. Cameron obtiene, grosso modo, lo que buscaba.
En los asuntos más retóricos y en el meollo de la cuestión: la libre
circulación, un principio clave del proyecto europeo, se considera desde
ahora “un derecho que puede estar sujeto a limitaciones”.
Cameron quería impedir durante cuatro años el
acceso de los trabajadores extranjeros a las prestaciones. Bruselas
impone varias limitaciones con el beneplácito de Londres, que hace meses
advertía que no iba a suavizar sus peticiones. El brazo ejecutivo de la
UE se aferra a los tratados y accede a limitar los derechos de los
trabajadores inmigrantes, pero no siempre, no sin permiso y no a
cualquier precio. La Comisión creará un mecanismo de alerta que se
activará en caso de que un país reciba “un flujo de trabajadores de
otros Estados de magnitud excepcional durante un amplio periodo de
tiempo”.
Con esa luz verde de Bruselas, el Estado miembro (en este caso, Reino
Unido) podrá “restringir el acceso de beneficios sociales durante un
máximo de cuatro años”. Eso sí: solo para los nuevos solicitantes; no
para quienes ya trabajen. Y los límites “serán graduales”, según el
texto, que incluye entre los beneficios liquidables los complementos del
Estado para los sueldos bajos y deja en el aire otros como las ayudas a
la vivienda.
Históricamente, Reino Unido tiene un Estado del bienestar peculiar,
más asistencial que los de la Europa continental, en el que hay derecho a
algunas prestaciones desde el primer día. Londres, según fuentes del
Gobierno británico, persigue limitar los abusos —matrimonios de
conveniencia, por ejemplo— para un sector público bajo presión, a pesar
de que las cifras apenas avalan las tesis de Cameron (el país tiene un
5% de paro).
“Reino Unido consigue abrir un capítulo más de la Europa a
la carta, pero al menos las instituciones imponen algunos frenos en el
texto final que, además, debe pasar aún el filtro del Consejo Europeo y
de la Eurocámara”, según fuentes europeas.
La oferta de Bruselas tiene menos enjundia en el resto de capítulos,
aunque Londres consigue remar siempre en contra de las aspiraciones
comunes del proyecto. Habrá un segundo freno de emergencia, que
permitirá a Londres y otras capitales paralizar las normativas que
considere excesivas. “No se trata de un veto”, subrayaron fuentes
europeas, aunque se le parece. Esa tarjeta roja será de difícil
aplicación: se requiere el acuerdo del 55% de los Parlamentos nacionales
—equivalentes a 16 de los 28— para rechazar una norma en elaboración.
Esa idea resta legitimidad al Parlamento Europeo, ancestral enemigo de
los euroescépticos británicos.
Reino Unido logra que las decisiones de la eurozona no afecten al
mercado único: la oferta del presidente del Consejo, Donald Tusk,
garantiza que las medidas “de emergencia” que se adopten “no impliquen
responsabilidad presupuestaria para los Estados que no forman parte del
euro”.
Londres consigue también desmarcarse del objetivo de “una unión
cada vez más estrecha”, una de las obsesiones británicas. Y todo ello
“sin necesidad de tocar una sola coma de los tratados”, según fuentes
europeas. “Pero con el compromiso de introducir esos cambios tan pronto
como los tratados se reabran”, precisan fuentes británicas.
