JOHANNESBURGO.- Tras 24 años de democracia, la eterna deuda de la reforma de la
propiedad de la tierra en Sudáfrica se ha convertido en el último gran
símbolo de la lucha contra las heridas del apartheid, pero se debate al
borde de un precipicio entre justicia social, dilema económico y
populismo político.
Hay consenso más o menos generalizado sobre que el
actual reparto es injusto: la gran mayoría de los propietarios
particulares de suelo agrícola son blancos, pese a representar menos del
10 % de la sociedad.
Las cifras exactas bailan. El Gobierno esgrime que el
porcentaje en manos de descendientes europeos es del 72 %, frente a un
15 % de indios y mestizos, y un 4 % de la población negra.
Otros análisis señalan que esos números son engañosos porque no tienen
en cuenta, por ejemplo, la tierra en manos del Estado y convertida en
áreas comunales negras y gestionadas a través de reservas y
fideicomisos.
En cualquier caso, la estructura de propiedad se mantiene muy desigual, con la población negra como clara perdedora.
Este sector, además, es el más afectado por altas cifras de pobreza (55
%), de desempleo (27 %) y por falta de acceso a una buena educación,
agravado todo por la recesión económica actual.
"El
tema de la tierra se ha convertido en algo simbólico. Representa muchos
otros problemas que la era posapartheid no ha resuelto y tienen que ver
con la desigualdad estructural", explicó Ben Cousins, académico
del Instituto de la Pobreza, la Tierra y los Estudios Agrarios (PLAAS)
de la Universidad del Cabo Occidental.
En la otra
cara están los grandes productores agrarios que sostienen la capacidad
del país para alimentar a su población y empujan la economía, pero
también los pequeños agricultores blancos que tienen en sus granjas su
modo de subsistencia, aunque estas solo se expliquen por el pasado de
colonialismo y opresión racial.
"Necesitamos superar
las injusticias del pasado" sin "destruir los sistemas actuales que
crean riqueza en Sudáfrica", destacó recientemente Christo van der
Rheede, subdirector de la patronal Agri SA, en un encuentro con la
prensa extranjera.
Pese a estar incluido como
objetivo en la Constitución sudafricana (1996), hasta ahora los intentos
de reforma del sistema de propiedad del suelo han sido un fracaso.
Es un diagnóstico en el que coinciden analistas, oposición y hasta el
partido que gobierna desde el fin de la segregación racial, el Congreso
Nacional Africano (CNA) de Nelson Mandela.
La
redistribución y la restitución se han dado en mínimos porcentajes, los
interminable procesos legales limitan los efectos transformadores, la
corrupción y el clientelismo lastran el sistema y las tierras han
quedado a menudo en manos de una nueva élite negra, en vez de servir
para emancipar a la población vulnerable.
Se añaden
otros factores como que los nuevos propietarios a menudo no tienen
capacidad técnica y/o financiera, las graves sequías, el territorio
asociado a formas de poder tradicional o que las cifras del éxodo a las
ciudades indican que la falta de acceso a vivienda hace del suelo urbano
un problema mucho más grave que el del suelo agrícola, pese a tener
menos protagonismo.
En las zonas rurales, además, son
frecuentes los ataques violentos a los agricultores. El año pasado
causaron, según la Policía, al menos medio centenar de muertos.
Esa violencia llegó a ganarse el pasado agosto un tuit del presidente
de EE.UU., Donald Trump, que provocó que la reforma de la tierra
sudafricana entrase de lleno en la conversación global.
Días antes, el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, había anunciado
que el oficialismo impulsaría un cambio en la Constitución para hacerla
más "explícita" respecto a la posibilidad de expropiar tierras sin
compensación.
Esta herramienta, que causa pánico en
los mercados y los inversores, venía respaldada por el auge de la
izquierda radical -personificada en los Luchadores por la Libertad
Económica (EFF), tercer partido del país- y por el sector más populista
del CNA.
"Ramaphosa trata de cabalgar sobre un tigre.
No tiene opción porque el CNA se ha comprometido a usar la expropiación
sin compensación, al menos hasta cierto grado. ¿Cuál? Aún no sabemos",
señaló Cousins, que no cree que este mecanismo agrade al presidente.
"Lo cierto es que la mayor parte de la tierra que se requiere para una
reforma tendrá que ser adquirida por compra. Puede ser por debajo del
valor de mercado, puede ser un precio equitativo, pero tendrá que ser
comprada y es un tema del que no se habla", añadió.
Para Cousins, Ramaphosa (un exitoso hombre de negocios de la Sudáfrica
postapartheid con pasado de líder sindical) trata de "minimizar daños"
al enfatizar siempre que lo que se haga será legal y no hará peligrar la
seguridad alimentaria ni al sector agrícola, a fin de que Sudáfrica no
se convierta en un nuevo Zimbabue.
Sin embargo, nadie
sabe qué va a hacer el Gobierno. Tan solo parece claro que Ramaphosa
necesita mantenerse en un delicado equilibrio hasta las elecciones de
mediados de 2019.